La Procuraduría Anticorrupción investiga los bienes de los hijos de Alberto Fujimori para detectar si son producto del dinero de la corrupción amasado por el reo de la Dinoes (socio político de Alan García) durante su gobierno y, en tal caso, pedir al Poder Judicial que vuelva a procesarlos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Recordemos que en agosto de 2010 la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar a los hermanos Keiko Sofía, Kenji Gerardo, Hiro Alberto y Sachi Marcela por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
El Ministerio Público puso especial énfasis en la investigación a Keiko Fujimori y solicitó a las autoridades de los Estados Unidos información respecto a sus bienes y los gastos que hizo en ese país mientras estudiaba en la Universidad de Boston, una de las más caras de ese país.
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, saludó en esa oportunidad la investigación de la Fiscalía de la Nación y consideró que existen suficientes elementos de prueba de la comisión de un hecho delictivo en el pago de los estudios de los hijos de Fujimori.
En ese entonces, durante el gobierno de Alan García, se pasaron por alto las conclusiones del informe de la Contraloría que detectó que Alberto Fujimori gastó en los estudios de sus hijos Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi US$ 1 millón 225 mil dólares, una suma que está muy por encima de las posibilidades que le daba su sueldo de jefe de Estado, que era de US$ 1 mil dólares mensuales.
Según Keiko Fujimori, sus padres financiaron su carrera y las de sus hermanos con el producto de la venta de una casa. Sin embargo, se descubrió que esa venta se realizó después que los hijos del exgobernante terminaron sus estudios.
Todo indica, que la protección que se dio al reo Fujimori durante el gobierno alanista, no va más. Esta vez en el gobierno de Humala se avizora que sí habrá embargo preventivo de los bienes de la corrupción fujimorista.
La Procuraduría Anticorrupción ya está investigando a Alberto Fujimori, a sus hijos y a todos sus familiares, para detectar si tienen en sus manos bienes producto del dinero mal habido durante la dictadura fujimontesinista o que les hubiera transferido el condenado, a fin de proceder al embargo correspondiente.
Se buscará información en las instituciones públicas para ver si Alberto Fujimori tiene alguna pensión u otro bien con el fin de embargar ese dinero como parte de los 27 millones de soles que debe al Estado y a los 30 millones de peruanos.
Curiosamente en el gobierno de Alan García, la Fiscalía de la Nación en la resolución de archivamiento acepta la existencia de un desbalance, pero no abrió investigación, porque Alberto Fujimori no fue extraditado de Chile por el delito de enriquecimiento ilícito y alega que si no hay autor no puede haber cómplices.
El Ministerio Público resolvió que Keiko Fujimori sí habría cometido delito de receptación, aunque precisa que ya habría prescrito. Sin embargo, el dictamen fiscal no dice que Keiko Fujimori y sus hermanos son inocentes.
Analistas enterados adelantan que los socios del fujimorismo, los alanistas en desgracia, estarían organizando desde el Partido Aprista una convocatoria para vociferar que la democracia esta siendo amenazada por la lucha anticorrupción contra Alan García y Alberto Fujimori.
