El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, planteó hoy una reunión con el titular del Poder Judicial (PJ), César San Martín, para poner fin a las diferencias públicas sobre la interpretación de normas jurídicas en sus sentencias.
Negó, asimismo, que exista “un clima de confrontación”, a propósito de la serie de comunicados emitidos entre ambas instituciones sobre una supuesta injerencia del TC en las resoluciones judiciales.
“No solo invitaría a San Martín (a una reunión), sino que desde ya descarto toda posibilidad de confrontación y estoy seguro que en el transcurso de la semana nos vamos a reunir”, declaró a la Agencia Andina.
Según explicó, el TC resuelve sus fallos sobre amparos contra resoluciones judiciales en virtud del artículo 200 de la Constitución y el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.
Añadió que la interpretación de un juez de la Corte Suprema sobre una sentencia judicial puede variar de aquella realizada por un magistrado del Tribunal.
“Al final, y ese es el punto esencial, lo que está de por medio, son las diferentes interpretaciones que se tiene de las mismas normas legales que ambos jueces aceptan y desarrollan”, subrayó.
Para solucionar estas diferencias, Álvarez propuso conformar una comisión interinstitucional entre el PJ y el TC, para “lograr acuerdos específicos” en torno a la interpretación de los artículos 4 del Código Procesal Constitucional e inciso 2 del artículo 200 de la Constitución.
De esa manera, dijo, se evitará acudir al Congreso para que solucionen un problema de interpretación de naturaleza técnico jurídica sobre el desarrollo jurisprudencial.
“El diálogo entre las instituciones no solo debe mantenerse habilitado como lo está (…) sino que ante todo somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad y el estado constitucional de derecho”, manifestó.
Asimismo, señaló que los comunicados que emitieron ambas instituciones sobre sus diferencias de opinión, “han sido positivos”, porque permite afirmar ahora al TC que se ha “localizado perfectamente cuál es el problema”.
Refirió que “lo que antes era un sentimiento de aparente protección del ámbito de las instituciones”, es en realidad un asunto de interpretación en torno al error o la supuesta irregularidad de una sentencia judicial.
”Y ese es un tema técnico jurídico que corresponde a los jueces constitucionales y ordinarios, superarlo, mediante acuerdos, para los cuales están absolutamente capacitados”, puntualizó.
Andina, 21-07-2012
