Por los sucesos del llamado Baguazo, del 5 de junio de 2009, fueron acusados medio centenar de indígenas, con responsabilidad principal recaída sobre los líderes Alberto Pizango y Santiago Manuín, pero extrañamente no hay ningún acusado por parte del Estado, pese a que el gobierno ordenó una cruenta represión sin concretar una solución pacífica al conflicto, que dejó 33 muertos y un desaparecido.
El 5 de junio del 2009 se produjo el clímax de una convulsionada protesta de indígenas en donde murieron 33 personas y desapareció el mayor de la Policía Felipe Bazán Soles.
La Corte Superior de Justicia de Amazonas resolvió refrendar una acusación fiscal contra unos 50 indígenas por ocho delitos en el proceso del caso de la Curva del Diablo.
El expediente 2009-194-010107, de 180 páginas sindica principalmente a los líderes indígenas Alberto Pizango y Santiago Manuin, por instigar ocho delitos.
Según El Comercio, dos indígenas están acusados de homicidio calificado, lesiones graves, tenencia ilegal de armas, daños contra el patrimonio en distintas modalidades y contra la seguridad pública, con una petición de cadena perpetua para los dos principales inculpados y otros seis indígenas.
Un total de 50 indígenas fueron acusados por l delito contra los medios de transporte.
No hay ningún cargo contra policías ni contra la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que ordenó la masacre con armas letales en lugar de promover una solución pacífica o una sofocación con armas no letales de los alzados provistos de flechas.
La Fiscalía Superior de Bagua ha programado para el jueves 7 de marzo a las ocho de la mañana la audiencia para este caso.
