Mientras la delincuencia azota al ciudadano, Gobierno prefiere desplazar policías a las empresas mineras
Es notoria la incapacidad de este Gobierno para combatir la delincuencia, pese a que la población se esperanzó en la formación militar del presidente Ollanta Humala, pensando que sabría brindar seguridad, pero la delincuencia crece cada día no sólo en las ciudades, sino en zonas rurales turísticas.
En este contexto los más perjudicados los pobres son los más perjudicados por doble motivo. Uno es que lo poco que les roben es mucho para ellos. Otro es que carecen de recursos para brindarse seguridad, como alarmas, cámaras, vigilantes particulares, etc., lo cual menoscaba también el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios, que deben dedicar parte de sus ingresos a la seguridad ante la inoperancia del Estado.
Siendo esto así, ahora el Gobierno busca desplazar fuertes contingentes policiales a las empresas mineras, policías que dejarán sus ya descuidadas zonas para servir a las empresas mineras. Además, los conflictos sociales explotan por la incapacidad del Gobierno de realizar efectivas concertaciones con los ciudadanos al recurrir a mentiras y manipulaciones en lugar de conversaciones honestas y cumplimiento de promesas.
Si el mandatario habla de inclusión social, primero debería atender el problema de seguridad de los pobres y después ocuparse de las grandes empresas, que no sólo tienen grandes recursos para contratar su propio personal, sino que mediante faenones de sucesivos gobiernos no tributan lo que deberían.
El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, informó que se ha dispuesto la instalación de frentes policiales en zonas mineras, ante la evidencia de nuevos conflictos sociales en el país, como la Lambayeque.
En RPP dijo que este control policial permitirá garantizar las actividades de las empresas mineras, así como la seguridad de la población.
Fue al preguntarle por la protesta en el distrito lambayecano de Cañaris, cuyos pobladores realizan una vigilia a 800 metros del campamento de la empresa minera Candente Cooper, en rechazo a los trabajos de exploración que realiza en dicha zona.
“El conflicto minero va ser permanente y por eso nuestra necesidad de crear frentes policiales para garantizar la actividad al ciudadano, la inversión minera y también la protesta pacífica”, señaló.
Pedraza manifestó que se ha enviado una dotación de 150 policías a Cañaris, donde la empresa Candente Cooper ha expresado su disposición al diálogo para resolver el conflicto y precisó que este sistema de monitoreo de conflicto minero del Ministerio del Interior se emplea conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros.
