El congresista Heriberto Benítez presentó el proyecto de Ley establece que culminado su mandato, el presidente de la República sera sometido a un juicio de residencia por el Congreso de la República, por un plazo no mayor de un año, debiendo de permanecer en el territorio nacional. La pesquisa la realizara una Comision Investigadora del Congreso entrante, donde estén representados todos los grupos parlamentarios.
Es de publico conocimiento que en los ultimos treinta años, los ex jefes de Estado han tenido una serie de problemas, infracciones y denuncias que los han involucrado en graves actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos: lo cual resulta un antecedente historico nefasto; por ello, es necesario efectuarles una resonancia politica a su gestion. Digamos, algo parecido o similar a lo que realiza, hoy en dia, la Megacomision del Congreso.
Alan Garcia en su primer periodo (1985-1990) termino denunciado por corrupción y violación a los derechos humanos, resultando beneficiado judicialmente por prescipción, nunca pudieron sancionarlo judicialmente.
Alberto Fujimori, permaneció en Palacio de Gobierno (1990-2001), fugo del pais, fue extraditado y finalizo condenado por corrupción y violación a los derechos humanos a 25 años de prisión efectiva, por lo que hoy se encuentra preso.
Alejandro Toledo (2001-2006) esta ahora envuelto en una serie de hechos relacionados a probables actos de corrupción, enriquecimiento ilicito o lavado de activos y siendo pesquisado por el Congreso de la República y el Ministerio Publico; hay serios indicios contra él y podria se objeto de sanciones severas.
Alan Garcia nuevamente electo para el periodo 2006-2011, esta siendo investigado por el Poder Legislativo (PL), teniendo situaciones difíciles y complicadas ligadas a probables "narcoindultos" y hechos de corrupción que hasta podrian dar lugar a una inhabilitación y hasta juicios penales que lo podrian llevar a la carcel, al igual que algunos de sus ex ministros de Estado.
El Juicio de Residencia existía ya en el virreinato del Perú. El virrey era una encarnación suprema del Estado español y tenía atribuciones y autoridad amplia y omnímoda, poder subordinado al Consejo de Indias. Al dejar el cargo de Virrey, podía ser sancionado después del Juicio de Residencia. Durante la República estuvo vigente en las Constituciones de 1856 y 1860.
