En todo el mundo las investigaciones se desarrollan dentro de un ámbito reservado hasta que se elabore una acusación contra cualquier inculpado. Por ello sorprende que el Poder Judicial (PJ) haya ordenado se abra el acceso a la documentación de investigación al expresidente Alan García mientras todavía está en curso la misma.
El PJ, a través del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, ordenó a la Megacomisión del Congreso entregar documentos de investigación a Alan García, declarando fundado el pedido del expresidente de tener acceso a toda la información sobre el caso.
Esto quiere decir que aunque pueda ser probable que García sea un gran ladrón, participará en la investigación sobre sus presuntos delitos. Esto, además de la sentencia anterior que declaraba nula lo actuado contra el ex mandatario desde el 8 de marzo de este año en adelante.
En esta nueva sentencia el Quinto Juzgado, presidido por el juez Hugo Velásquez Zavaleta, se ordena que en la nueva citación a Alan García conozca con el mayor detalle posible los hechos materia de investigación.
La Megacomisión deberá permitir a García Pérez el acceso a la documentación de la investigación y que conozca los medios probatorios que respalden las imputaciones, con el fin de que “ejerza su derecho a defensa y efectúe los descargos que considere pertinentes".
Resulta increíble que se aduzca el derecho a defensa, cuando este derecho no está siendo violado, pues cuando las imputaciones estén listas con su documentación pertinente, García podría defenderse sin problemas de las acusaciones, fuese o no culpable.
Con esta sentencia se abre precedente para obstaculizar las investigaciones a toda clase delincuentes, quienes con esta ventaja intentarían borrar o destruir pruebas y hasta silenciar a testigos empleando desde la amenaza hasta el asesinato.
Sin duda, de forma urgente algo debe hacer el Congreso contra esta sentencia, por constituir un grave peligro para la sociedad, que ya padece de serios problemas de inseguridad ciudadana.
