El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse, rechazó haber favorecido a Coca Cola mediante un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, en perjuicio del Servicio de Parques de Lima (SERPAR).
Aclaró supuestos favorecimientos a las empresas Exalmar y Fénix Power, cuando ejercía el cargo de ministro de Agricultura y Riego, por intermedio de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA).
Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, sobre Coca Cola, precisó que la propuesta legislativa del Poder Ejecutivo, que se encuentra en estudio en la Comisión de Vivienda, se propone redimir las habilitaciones urbanas mediante la tasación arancelaria y no comercial, como una forma de promover la desconcentración de las zonas industriales de la capital hacia las zonas periurbanas, lo cual permitirá reactivar la industria de la construcción que, en lo que va del año, ha crecido en apenas un 1%, cuando en 2013 su crecimiento alcanzó un 9%.
Las explicaciones del ministro fueron cuestionadas por los congresistas Yonhy Lescano y Manuel Dammert (AP-FA), quienes insistieron que la propuesta favorecería en varios millones de soles a la representante de Coca-Cola e Inka-Cola en nuestro país.
Sin embargo, sus colegas Teófilo Gamarra y Tomás Zamudio replicaron que no podía hablarse de ‘favoritismos’, cuando se trataba de un proyecto de ley que aún no ha sido dictaminado y cuyos efectos, en la eventualidad de ser probado, no serían retroactivos, por lo que era iluso hablar de millones en pérdidas para el SERPAR, cuyo presupuesto se financia con los referidos aranceles.
Lobbies
El ministro se refirió luego a las supuestas medidas tomadas para beneficiar a las empresas Exalmar y Fénix Power, a favor de las cuales la ANA habría emitido sendas resoluciones por las cuales aprobaba sus respectivos estudios de impacto ambiental (EI).
El titular del MVCS explicó que en ambos casos él se limitó a exigir a la ANA que atendiera, sea a favor o en contra, las solicitudes de esas y otras decenas de empresas cuyas gestiones destinadas a ampliar la capacidad de su planta de congelado e instalación de una planta residual en Paita, habían sido iniciadas 590 días antes, en el caso de Exalmar.
Una solicitud similar de la misma empresa para que se le aprobara el EIA para la instalación de una planta de congelado de productos hidrobiológicos en Tambo de Mora, Chincha, llevaba 323 días sin atender.
En el caso de Fénix Power, su solicitud de aprobación del EIA para instalar una planta de desalinización de agua de mar para utilizarla en la generación de energía eléctrica tenía 315 días sin ser atendida.
Von Hesse refirió que en su administración exigió a los funcionarios responsable de la ANA a admitir las solicitudes, cuyo plazo legal de atención es de 30 días, lo que permitió incrementar el número de solicitudes atendidas, llegando a 228 en el segundo semestre de 2011, y a 479 en el 2012. En este último caso, los expedientes evaluados en la ANA representaron compromisos de inversión superiores a los 19,200 millones de dólares, casi en su totalidad referidas a inversiones mineras, energéticas e hidrocarburos.
Sobre el informe, el congresista Gamarra se preguntó de qué lobbys se estaba hablando en esos casos, si de lo que se trataba era de acelerar las gestiones de inversiones retrasadas por la burocracia incompetente. “¿Criticamos que se atienda expedientes retrasados por más de seis meses? Así queremos dinamizar nuestra economía?”, se preguntó.
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