Pese a los indicios razonables de la vinculación del escándalo de la colosal seguridad brindada al expresidiario Óscar López Meneses con Palacio de Gobierno, la ministra Ana Jara se presentó ayer en conferencia de prensa en una destemplada defensa del Presidente de la República, aduciendo que no puede declarar y victimizándolo por el pedido del Congreso de tomar declaraciones del mandatario Ollanta Humala.
Juan José Díaz Dios ya había denunciado que se niega información del caso por parte del ministro Daniel Urresti y el superintendente de Banca y Seguros Daniel Schydlowsky, Jara sostuvo que el Poder Ejecutivo ha contribuido con la investigación y negó algún interés de ocultar información o de proteger a alguien.
Señaló que desde que se conocieron los hechos del caso López Meneses, el Gobierno adoptó las medidas correctivas que tuvo un alto costo político, como la renuncia del entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza; del exasesor presidencial, Adrián Villafuerte y la remoción de altos oficiales de la Policía Nacional.
Negó que el Gobierno haya “premiado” al general Luis Praeli, quien ahora forma parte de la alta jerarquía de la Policía Nacional, pese a sus antecedentes en el escándalo y adujo que no puede ser pasado al retiro porque la Ley de la Carrera Policial se lo impide.
“Cuando Praeli era jefe de la región Lima ganaba 8.362 soles de sueldo y 1.100 de bonificación. Al momento del escándalo lo pasan a la situación de adscrito, pero luego le aumentan al doble la bonificación por desempeño. Desde que estalló el escándalo hasta el momento, Praeli ha cobrado 111.382 soles, sin hacer nada, como lo dijo el ministro”, había advertid el congresista Juan José Díaz, presidente de la comisión investigadore del Congreso en el programa “Panorama”.
La ministra informó que desde el inicio de la investigación han asistido a declarar al Congreso seis altos funcionarios del Ejecutivo (tres exministros, un exviceministro, un exasesor presidencial y una procuradora); 28 policías (incluido el director general, altos mandos, mandos medios y suboficiales), así como dos militares (dos exjefes del Comando Conjunto), además de informes que se han remitido.
Pese a que la investigación queda incompleta sin las declaraciones del Presidente, Jara instó a la comisión a que presente al Congreso su informe y dé a conocer los resultados de la indagación, de manera seria y responsable; y si se hallara responsabilidad en funcionarios públicos, se proceda a denunciarlos ante el Ministerio Público. Recordó que ha transcurrido casi un año desde la creación de la comisión y hasta el momento no hay conclusiones a la vista.
Humala se esconde en la Constitución
Jara dijo que el investigado es Oscar López Meneses, no el jefe del Estado y calificó de “obstinación” el pedido de la comisión López Meneses de recabar las declaraciones del Presidente y las ve como un intento de vincularlo con el exoperador montesinista, y citarlo a dicho grupo de trabajo, amparándose en la no declaración de Humala por el artículo 117.° de la Constitución.
Exaltada, dijo que por prerrogativa constitucional, durante el mandato presidencial, el Jefe de Estado no puede ser citado, máxime si esta investigación tiene ribetes penales, donde sólo puede acudir en calidad de imputado o de testigo, y esa figura no cabe en esta indagación, al ratificar que no existe ninguna prueba que vincule el resguardo irregular con el presidente del Perú.
