Ante el escándalo desatado por la grotesca injerencia del ministro de Justicia Daniel Figallo en el caso del prófugo Martín Belaunde Lossio, que había estado a cargo de la exprocuradora Yeni Vilcatoma, la Defensoría del Pueblo exige una investigación.
En un pronunciamiento, señala lo siguiente:
En el 2014 el Perú ha sido testigo de hechos de corrupción en diversas regiones del país. Uno de los más graves ha sido el conocido como «La Centralita», en la región Ancash, que ha involucrado a altas autoridades de la región, diversos funcionarios públicos, entre otras personas.
Frente a estos hechos, la Procuraduría Anticorrupción tiene como tarea fundamental la defensa de los intereses del Estado ante la comisión de delitos de corrupción, coadyuvando, de esta manera, con la labor de investigación del Ministerio Público.
Para el logro de este importante objetivo es indispensable que el trabajo de los Procuradores Públicos se desarrolle en un contexto que garantice su plena autonomía funcional y, especialmente, su independencia frente al poder político u otros agentes que puedan afectar su adecuado funcionamiento.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo considera que los hechos denunciados por la exProcuradora Adjunta, Yeni Vilcatoma, deben ser investigados de manera rápida, objetiva y transparente, pues se pone en duda la efectividad de la lucha contra la corrupción, dificultándose el cumplimiento del mandato legal de la Procuraduría Pública.
Es necesario que se adopten acciones inmediatas para garantizar la autonomía de los Procuradores Anticorrupción y proteger su labor de cualquier intromisión. Asimismo, las autoridades públicas tenemos el deber de preservar la legitimidad de las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción y afianzar la confianza ciudadana en ellas.
De otro lado, consideramos que son inadmisibles las calificaciones agraviantes contra personas que denuncian irregularidades o actos de corrupción. Igualmente, dada la magnitud de los casos que ha venido investigando la abogada Vilcatoma, se debe garantizar su seguridad e integridad personales, así como la de su familia, tal como ha sido anunciado por el Poder Ejecutivo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera a las autoridades competentes el pedido de que se investiguen exhaustivamente estos hechos y que concentren sus esfuerzos en enfrentar todo acto de corrupción, evitando cualquier forma de impunidad.
