“Es absolutamente inaceptable que suceda esto, sobre todo en un Congreso que aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa y que el día de hoy no quiso siquiera escuchar a los representantes de las organizaciones indígenas", señala congresista Verónika Mendoza.
"Denunciamos el contenido de este proyecto de ley porque vulnera el derecho al territorio de los pueblos indígenas y promueve el otorgamiento de manera arbitraria e indiscriminada, desde Lima, de derechos de servidumbre y derechos de vía en el territorio nacional, afectando a comunidades campesinas y nativas que ya no podrían exigir la compensación correspondiente, que se verán fragmentadas y verán bloqueados su derecho de titulación”, señaló la citada congresista en conferencia de prensa efectuada este martes con la presencia de los parlamentarios Claudia Coari, Eduardo Nayap, representantes de Aidesep y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas.
Durante la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República se aprobó de manera arbitraria el Proyecto de Ley 3941 que afecta derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales.
La aprobación del dictamen se realizó con un quorum de solo seis congresistas de 12 miembros, tres de los cuáles eran accesitarios.
A pesar de haber acordado en una sesión anterior, otorgar la palabra a los representantes de las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas, AIDESEP y Pacto de Unidad, la comisión les negó el derecho de participación, por mayoría.
Frente a lo ocurrido, indignada, la congresista Verónica Mendoza se retiró, procediéndose a la votación, que por unanimidad aprobó el proyecto de ley 3941.
Dicho dictamen no ha tomado en consideración las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los aportes que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar en una carta remitida a la comisión el 30 de marzo pasado.
En la citada carta las organizaciones plantean, entre otras preocupaciones, que la norma bloquea definitivamente la titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas, vulnerando sus derechos territoriales a través del otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de área.
La norma también debilita la institucionalidad ambiental a través del otorgamiento de títulos habilitantes de manera irresponsable, las que se entregan a discreción de las autoridades sectoriales, desnaturalizando el rol del SENACE y sus avances.
Para todo el proceso de aprobación del proyecto de ley 3941, en tanto afecta derechos de los pueblos indígenas u originarios, no se ha aplicado el derecho a la consulta previa, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
“Si con esto el Gobierno pretende atraer inversiones 'sostenibles y responsables', está completamente equivocado porque lo único que está generando es conflicto, lo único que está generando es inseguridad jurídica no solo para los pueblos indígenas sino también para los propios inversionistas”, concluyó la parlamentaria cusqueña.
