Representantes de la Campaña Déjala Decidir denuncian parcialización de Juan Carlos Eguren, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo en el proceso de debate.
Organizaciones impulsoras de la Campaña Déjala Decidir señalan que debate sobre despenalización del aborto en casos de violación es abordado de forma parcial desde que el 16 de abril, fecha límite del plazo para la discusión en la Comisión de Justica, su presidente, congresista Juan Carlos Eguren, convocó una sesión extraordinaria sin invitar a las organizaciones a sustentar esta iniciativa ciudadana, tal como ordena la ley, con la finalidad de ser archivada.
Producto de la presión y denuncia que se hizo al Presidente de la Comisión en una Conferencia de Prensa, convocada por varios/as congresistas, Juan Carlos Eguren se vio obligado a retroceder e inició un debate que lamentablemente mantiene irregularidades.
Debate difamatorio y sesgado
Impulsoras denuncian una representación excesiva de voceros vinculados al Episcopado, que bajo distintas “identidades”, dan cuenta que es la jerarquía católica que se opone a este cambio legal, en el mismo sentido que se opusieron a la planificación familiar, a la anticoncepción oral de emergencia, a las uniones civiles, a la educación sexual, al reconocimiento de la violencia intrafamiliar, a la ley de feminicidio, al protocolo del aborto terapéutico, entre otras políticas públicas.
La directora general del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Susana Chávez, señaló que “las impulsoras en todo momento han respetado las prácticas democráticas de promover la participación de representantes de instituciones sólidas, mientras que los que se oponen a este debate solo dicen mentiras”.
Así también, dan a conocer que el Ministerio Público y el Poder Judicial recibieron de parte del grupo de trabajo, una invitación para exponer sus opiniones técnicas 24 horas antes de iniciar la sesión del 28 de abril, pese a contar con sus opiniones desde hace dos semanas. Aunque el Poder Judicial logró enviar una representante a la sesión, no sucedió lo mismo en el caso del Ministerio Público.
Ante esta situación Susana Chávez manifiesta que “insistirán en que el debate sea justo, porque el Perú necesita un servicio integral de salud para que las mujeres que han sido violentadas puedan decidir si interrumpen o no su embarazo”.
“Esta no es forma de debatir un proyecto de ley. A las personas jurídicas no se les puede invitar con un día de anticipación a dar opiniones técnicas en la Comisión”, precisó Susana Chávez.
Finalmente, añaden que no existe transparencia respecto a cuáles son los criterios para definir qué opiniones son pertinentes y técnicas para ser incluidas en el debate de la iniciativa ciudadana en la sesión. Es el caso de Carol Maraví representante de una Comisión de la Conferencia Episcopal del Perú, invitada en calidad de licenciada en biología y de Amparo Medina, invitada por la congresista Martha Chávez, que atacó a Organizaciones no Gubernamentales y al Fondo de Población (UNFPA) y mencionó que estas organizaciones tienen una agenda oscura asegurando que los programas que desarrollan “son de exterminio”, la postura de Susana Chávez de PROMSEX es:
“Millones de dólares y poder es lo que manejan organizaciones que han distorsionado la misión de la Iglesia y que han hecho de la batalla en contra de los derechos de las mujeres, su espacio de lucha. Nos indigna también la difamación a las Naciones Unidas, que es la instancia supranacional encargada de promover que los Estados se alinean a los derechos humanos y a la ayuda humanitaria”
El maltrato a las representantes de instituciones que han presentado opiniones favorables al cambio legal quedó en evidencia cuando una de las integrantes de la Comisión puso en tela de juicio la idoneidad profesional de la abogada Lucy Zare, representante designada por el Poder Judicial para exponer opinión favorable.
Las organizaciones promotoras, en ese sentido, denuncian inequidad en el debate, trato desigual, sobre representación de la Iglesia, maltrato y también difamación a instituciones que han trabajado por promover el derecho a decidir de una mujer en casos de violación. Asimismo, demandan la convocatoria de representantes de instituciones de carácter laico con argumentos científicos, ya sea a favor o en contra del proyecto de ley.
