Representantes de ONGD dicen ser víctimas de represalias y advierten que APCI busca pretextos para anular su inscripción y eliminarlas.
Julia Cuadros
Representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) denunciaron, en conferencia de prensa, que son objeto de persecución y de intento de amordazamiento por parte del gobierno y de sectores empresariales solo por ser críticos del proyecto minero Tía María y plantear posiciones discrepantes en otros temas sociales.
Estuvieron presentes la Asociación Nacional de Centros (ANC) y las organizaciones como CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal, Grupo Propuesta Ciudadana, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Foro Salud.
Julia Cuadros, presidenta de ANC, dijo que algunos sectores de ultraderecha han iniciado un campaña de difamación contra las ONG y rechazó que sus directivos estén financiado y promoviendo conflictos socioambientales, como el de Islay por el proyecto Tía María.
Sostuvo que no se oponen a la fiscalización y la supervisión de los fondos que reciben de agencias internacionales, pero señaló que la Resolución Directoral Nro 085-2015 emitida por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) condiciona la renovación de las ONG a una supervisión adicional.
“Mañana (hoy) vamos a dialogar con la directora de APCI para pedirle que derogue la cuestionada resolución y también hemos solicitado una entrevista con la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez. Tenemos la disposición de rendir cuentas de nuestros fondos, a diferencia de los políticos, que no lo hacen”, agregó.
AMENAZA DE CIERRE
El integrante de CooperAcción José de Echave dijo al diario UNO que siete organizaciones ambientalistas que criticaron y plantearon soluciones alternativas al conflicto por Tía María están siendo amenazadas con ser cerradas con el pretexto de una supervisión.
“Si constatamos qué organizaciones están siendo supervisadas comprobamos que sí, estas son siete y trabajan la problemática ambiental vinculados a temas mineros y hay una correlación con los conflictos socioambientales y el más emblemático ha sido Tía María, donde las ONG han intervenido postconflicto actuando de manera técnica buscando dar información y haciendo una análisis del estudio de impacto”, dijo.
Manifestó que es totalmente falso que las ONG financien los conflictos socioambientales en el país y mucho menos que promuevan la violencia. “Los conflictos los ocasionan la misma empresa o el gobierno por imponer proyectos sin informar o convencer a la población afectada. No hay complot alguno”, precisó.
“La APCI en la que estamos inscritos supervisa nuestros proyectos y las agencias internacionales también se encargan de auditar dos veces al año a nuestras organizaciones. Luego que una agencia entrega fondos a una ONG es falso que se pueda gastar en lo que sea, pues siempre se rinde cuentas”, aclaró.
Javier Solís
Diario UNO, 16.06.2015
