El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia preparará un paquete de normas para incrementar las penas a las personas condenadas por delitos contra la administración pública las cuales impedirían que funcionarios corruptos puedan volver a trabajar para el Estado.
Estas normas se harían posibles a través de la modificación del Código Penal además contemplaría proteger a los testigos que colaboren, asimismo el dictamen aprobado por el Congreso, el Ejecutivo tiene facultades para dictar "medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios".
En la actualidad la inhabilitación para un funcionario que comete delitos contra la administración pública es de cinco años, no obstante la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, planteó que se les inhabilite por el doble o triple de la pena, de acuerdo con el principio jurídico de la ponderación de bienes.
Sin embargo, estas penas también llegarían a la imposibilidad de que dichos funcionarios sancionados por delitos graves vuelvan a laborar en el Estado, lo que se denomina "muerte civil".
Como se recuerda, durante su campaña electoral el presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció mecanismos, precisamente como la "muerte civil", para todos los que hayan sido condenados por corrupción.
