Ampliar la sanción de la pena impuesta, así como la inhabilitación de miembros del sector privado para contratar con el Estado, deberían ser medidas a incluirse en el dispositivo legal.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) saluda el anuncio del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczcynski, quien sostuvo que la sanción de muerte civil para funcionarios que cometan actos de corrupción debe ser ampliada también para miembros del sector privado, coincidiendo con la propuesta realizada en su oportunidad por el gremio empresarial que preside, Mario Mongilardi.
“Ambos lados tienen que ser castigados, hay que aplicar muerte civil al privado que puso la plata y que seguro quiere saltarse algunas vallas”, manifestó en la víspera el mandatario.
En ese sentido, Mongilardi, sugirió al Poder Ejecutivo revisar el Decreto Legislativo 1243, publicado el sábado último debido a que la norma debería precisar que un funcionario público inhabilitado NO puede contratar con el Estado de manera directa o indirecta, por ejemplo, citó: Una persona inhabilitada -que dejó de ser funcionario público- con el Estado, NO puede ser representante de una empresa para suscribir un contrato de locación de servicios o presentarse en una licitación.
Asimismo reiteró que la Cámara ya viene tomando medidas al respecto, y presentará dos posibles modificaciones al dispositivo legal de “la muerte civil”.
La primera es plantear que tanto el funcionario público como el privado que cometan actos de corrupción deberían ser inhabilitados para contratar con el Estado, “pues se debe sancionar cualquier comportamiento antiético venga de donde venga”, indicó Mongilardi.
“En segundo lugar, propondremos que la sanción (sentencia de inhabilitación) sea el doble de la impuesta, pues al estar en la cárcel cumpliendo su pena el funcionario ve suspendido su derecho de contratar con el Estado”, agregó.
En otro momento, Mongilardi reiteró la predisposición del Gremio para sumarse a la Comisión Presidencial de Integridad, institución anunciada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski como una de las cinco medidas para combatir la corrupción.
“Los miembros de la Cámara de Comercio de Lima queremos participar en la Comisión Presidencial de Integridad, que ha indicado que estarán excluidos los partidos políticos y los representantes del sector empresarial”, refirió el empresario.
Tal como lo señaló un diario local, el Ejecutivo viene evaluando elevar las sanciones a las empresas involucradas en casos de corrupción en el marco de las facultades que obtuvo por parte del Legislativo.
El Gobierno busca que las personas jurídicas tengan sanción penal no solo por delitos de corrupción, sino además por otros casos como el del lavado de activos, entre otros.
