El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, entregó al Poder Ejecutivo un portafolio de 22 medidas que buscan luchar contra la corrupción suscritas en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito entre el el Gobierno y titulares judiciales del país.
Uno de los planteamientos formulados hace énfasis en la necesidad de crear un registro único de funcionarios públicos condenados por corrupción, así como fiscalización permanente de los recursos que financian a los partidos políticos.
El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, sugirió evaluar los antecedentes judiciales, policiales y penales de todos los servidores estatales para conocer el perfil de cada trabajador en cargos públicos.
El fiscal enfatizó que se entregue no menos del 2% del Presupuesto General de la República a su sector, pues esta estimación prevé cubrir gastos en equipamiento humano y logístico.
Sánchez planteó hace unos días la implementación de una Fiscalía Suprema para casos de corrupción y crimen organizado así como respaldar el funcionamiento de la Unidad de Peritos de las Fiscalías Especializadas.
“El Estado lidera la política anticorrupción, por lo mismo, debe de invertir en justicia para que sus instituciones crezcan. Ello facilitará la formación de funcionarios de élite: fiscales y jueces especializados, policía especializada y debidamente seleccionada para investigar estos casos”, dijo Pablo Sánchez en la reunión con el presidente del país.
