El fiscal supremo Pedro Chávarry tiene entre ceja y ceja a los congresistas que buscaron intimidar a José Domingo Pérez cuando allanaba los búnkers de Fuerza Popular
Por Eduardo García
Serán sancionados los nueve congresistas fujimoristas que pretendieron amedrentar el 9 de diciembre al fiscal José Domingo Pérez Gómez durante el allanamiento a los locales partidarios de Fuerza Popular.
El pasado 15 de diciembre, Pérez Gómez, el mismo que investiga a Keiko Fujimori por lavado de activos, elevó un informe al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el que los denunció por “obstrucción” y “actos violentos”.
No es para menos, tomando en cuenta, por ejemplo, que la expresidenta del Congreso, Luz Salgado, se atrevió a desafiar al fiscal antilavado levantándole la voz al decir “¡no sabe usted con quién se está metiendo!”.
La misma presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, encabezada por la fujimorista Rosa Bartra, se interpuso en la diligencia fiscal que contaba con la venia del Poder Judicial.
Fuentes del Diario UNO en el Ministerio Público informaron que, si bien le correspondía a Pablo Sánchez definir la situación de los parlamentarios naranjas, la decisión la tomará el fiscal supremo Pedro Chávarry.
Y es que Sánchez, según informaron asesores de su entera confianza, derivará dicha tarea al despacho de Chávarry, por ser el fiscal supremo de mayor antigüedad, para que resuelva la polémica actuación fujimorista.
Sánchez busca no enlodarse en líos políticos, ni mucho menos echarle más leña a las absurdas denuncias constitucionales planteadas por el keikista Daniel Salaverry y la expectorada Yeni Vilcatoma, quien se prestó al juego.
Las razones de Sánchez son entendibles, debido a que si adopta postura alguna podría acrecentarse el problema causado por Fuerza Popular contra la autonomía de la institución cuyas riendas dirige de manera prolija.
Si bien pululan aún ciertas especulaciones sobre una afinidad de Chávarry con el partido de Keiko Fujimori, el fiscal supremo tiene una clara oportunidad de deslindar por completo de dichas acusaciones que mellan su imagen.
Consultados por esta publicación, diversos miembros de la Junta de Fiscales Supremos coinciden en que defender la independencia del Ministerio Público, y a la vez la del Poder Judicial, manda por sobre cualquier otro interés.
Es más, allegados a Chávarry aseguraron que este acogerá la denuncia de Pérez Gómez y emitirá un pronunciamiento en el plazo de ley contra el grupo de congresistas que se interpusieron en la diligencia fiscal.
Los mismos afirmaron que Chávarry tiene en claro el artículo Nº 366 del Código Penal, que señala lo siguiente: “Quien emplea intimidación o violencia contra un funcionario público será reprimido con pena privativa de la libertad”.
La ley precisa que la referida penalidad no será menor de dos ni mayor de cuatro años de encarcelamiento, a no ser que la sanción, desde su extremo más leve, preste servicio comunitario de hasta 140 jornadas.
El fiscal que tiene contra la espada y la pared a la lideresa de Fuerza Popular argumentó que durante el megaoperativo “se presentaron constantes actos de intimidación por parte de los señores congresistas hacia los fiscales”.
La finalidad del fujimorismo, según el acta elevada por Pérez Gómez, era “doblegar la voluntad fiscal e impedir la ejecución de la resolución judicial de allanamiento, registro domiciliario e incautación”.
Y es que se dejó constancia además de que no se brindaron las garantías para la realización de la diligencia, tomando en cuenta los gritos de las portátiles naranjas que no dejaron de increpar la labor del Ministerio Público.
Pese a todos los obstáculos, el valiente fiscal confrontó a los alfiles de Fujimori, escudados bajo su investidura parlamentaria, y recogió información valiosa de la “contabilidad paralela” que caracteriza sus finanzas partidarias.
El Ministerio Público no descarta que la jefa del fujimorismo haya recibido dinero negro de la empresa Odebrecht, la multinacional de las “coimas” que compromete a más de un excandidato a la Presidencia de la República.
Y es que Marcelo Odebrecht, el autor de la “Caja 2”, confesó en noviembre haber entregado más de medio millón de dólares que terminaron en las arcas del partido fundado por el excarcelado Alberto Fujimori.
Diario Uno, 16.01.2018
