El exprocurador Ronald Gamarra sostuvo que existe una reacción del aprismo y el fujimorismo, que no quieren que se lleven a cabo las investigaciones por casos de corrupción y esto se materializaría en las denuncias fiscales en contra del fiscal José Domingo Pérez Gómez.
“Lo que vemos con las permanentes denuncias contra el fiscal José Domingo Pérez es una reacción del aprismo y el fujimorismo, quienes se oponen a que se lleven a cabo las investigaciones por casos de corrupción”, advirtió el exprocurador en entrevista al Diario UNO.
A las denuncias contra el fiscal José Pérez por “violación de los principios y deberes de la función fiscal” hechas por un aprista se suma el proceso disciplinario contra él ordenado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y un supuesto cobro indebido.
Por opinar sobre Chávarry
A través de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima dirigida por el fiscal Luis Germaná, el titular del Ministerio Público abrió proceso disciplinario al fiscal Pérez tras declarar en un programa periodístico que Chávarry no era el más idóneo para dirigir el Ministerio Público.
Fuentes de la Fiscalía sostienen que el proceso que se le hará a José Domingo Pérez es de oficio y se sostiene en que el fiscal incurrió en “una infracción administrativa que afectaría gravemente su función como representante del Ministerio Público”.
“Es una investigación que se ha abierto en mi contra, de oficio, por mis declaraciones vertidas (…) No he faltado el respeto porque di mi opinión, haciendo uso de mi derecho constitucional”, dijo el fiscal, quien próximamente presentará sus descargos
Sobre este tema, Ronald Gamarra sostiene que no hay razones para sancionar a José Pérez ya que el funcionario público no pierde su condición de ciudadano ni su derecho a ejercer la libertad de expresión.
“Independientemente de lo que pensemos, José Pérez, como funcionario público, no pierde su condición de ciudadano y puede conservar su derecho a la libertad de expresión; no encuentro razones para sancionarlo”, aseguró.
Presión aprista
Del mismo modo, Martín Morocho Ruiz, de 67 años, natural de Piura y militante del Apra denunció al fiscal Pérez ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima (Odecma) por “violación de los principios y deberes de la función fiscal”. Asimismo, solicita que a Pérez se le realice “urgentemente un examen pericial psiquiátrico a fin de establecer si su estado de salud mental es el apropiado para desempeñar sus funciones”.
“Cobro indebido”
La Fiscalía Superior de Control Interno del Ministerio Público acogió la denuncia presentada el pasado 31 de julio por Denny Miranda Medina. La denuncia indica que el fiscal tenía derecho al cobro del “bono excepcional anticorrupción” —de 3000 soles — en su calidad de fiscal provincial titular a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sin embargo, este ocupó ese cargo hasta inicios de setiembre de 2017. “Por tal motivo —señala la denuncia— no le correspondía percibir” el citado bono, pero “abusando de su condición de fiscal provincial continuó cobrándolo, lo que sumaría un total de S/33,000 aproximadamente, indebidamente percibidos causando así perjuicio al Estado”.
Minimizando el valor de las pruebas
El fiscal José Pérez es responsable de las investigaciones por presunto lavado de activos que involucran en distintos procesos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como a los expresidentes Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, forma parte del equipo especial de la Fiscalía encargado del Caso Lava Jato. Para Ronald Gamarra, existe una nueva etapa en las investigaciones por corrupción y lo que el fujimorismo y aprismo buscan es minimizar el valor de las pruebas que involucran a sus líderes.
Ernesto Toledo Brückmann
Diario Uno, 15.08.2018
