La protesta ciudadana podría funcionar para extirpar a Chávarry de la Fiscalía que se ensucia con su presencia
Tras la detención de Keiko Fujimori, acusada de ser cabecilla de una organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular, el fétido fiscal de la Nación Pedro Chávarry, respondió al blindaje que le proporciona la mafia fujimorista y aprovechó que todavía no lo destituyen para despedir a una fiscal adjunta del fiscal José Domingo Pérez, quien dirige estas diligencias contra la presunta organización criminal liderada por alias “señora K”, es decir Keiko Fujimori.
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Chávarry, quien se niega a dejar el cargo para agilizar la investigación que lo incluye en la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto, dio una clara señal a sus aliados fujimoristas y usó su cargo para realizar el despido, pues la Ley Orgánica del Ministerio Público se lo permite, puede hacerlo con cualquier fiscal, lo cual lo hace comparable a la exfiscal de la Nación Nélida Colán, de desgraciada recordación por haberse prestado a usar la Fiscalía al servicio de los delincuentes Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, en la década de 1990.
El despido se realizó sólo un día después de la detención de Keiko Fujimori, fortalecido por la mafia fujimorista que tiene poder en el Congreso, que horas antes se había zurrado en la justicia y la ciudadanía al archivar la denuncia contra él.
La siniestra orden de Chávarry se ejecutó con resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 3620-2018-MP-FN que oficializó dar por concluidos los servicios de la abogada Erika Rocío Delgado Torres, fiscal adjunta del fiscal Domingo Pérez, es decir, quien lo reemplaza en su ausencia, por “necesidad de servicio”, sin mayores explicaciones. Igualmente, fue despedida la abogada Susy Lorena Montero León, del segundo despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lima.
Erika Rocío Delgado se encontraba participando en el allanamiento de la casa del financista de Fuerza Popular, Giancarlo Bertini Vivanco, cuando le avisaron que su resolución de despido estaba publicada en el diario El Peruano, informa La República.
Bertini Vivanco hoy es un prófugo y el juez Richard Concepción Carhuancho había ordenado su detención por considerarlo de los integrantes de la organización de lavado de activos dirigida por Keiko Fujimori.
Según trascendió, Delgado también era una de las fiscales que apoyaban en la investigación sobre los sobornos del Metro de Lima. El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, desmintió que Delgado fuera una de las fiscales que intervinieron en este caso.
Ambos despidos son un ataque a la labor del fiscal Domingo Pérez Gómez por haber pedido la detención de Keiko Fujimori y por investigar al expresidente Alan García y el financiamiento aprista.
Es decir, la mafia fujimorista en todo su poder perpetra actos de la peor bajeza a vista y paciencia de todo el Perú en una declarada lucha en favor de la corrupción fujiaprista.
Chávarry aprovechó del viaje de José Domingo Pérez para golpear, pues éste se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua-México, donde asistió en caldiad de expositor en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2018 con el tema: “Corrupción de funcionarios en el sistema acusatorio-corrupción trasnacional y lavado de activos”.
Otro golpe dado por Chávarry a otro fiscal anticorrupción de viaje fuera del Perú fue contra elfiscal Hamilton Castro también, removido del Equipo Especial cuando se encontraba en una diligencia en Francia.
Chávarry no dio aviso previo a Pérez Gómez de estos despidos ni hubo coordinación con el fiscal superior Rafael Vela Barba, según fuentes de La República.
En un comunicado, el fiscal de la Nación dijo: “Es deber y atribución del fiscal de la Nación realizar los cambios necesarios que permitan fortalecer el desempeño de las fiscalías, con miras a obtener resultados en las investigaciones que se realizan en todo el país”. ¡Quebrar los huesos de los fiscales es llamado “fortalecer” por este repugnante sujeto.
No queda duda de que se trata de un despido, Erika Delgado y Leidy Rojas, después del despido, no son destacadas a reforzar otra fiscalía. En diciembre de 2017, Delgado había sido nombrada en el pool de fiscales adjuntas de criminalidad organizada y destacada ese mismo mes al despacho del fiscal Domingo Pérez.
En julio último, cuando el fiscal Chávarry decidió cambiar a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú, Delgado fue una de las fiscales que acompañaron a Pérez Gómez. La despiden dos meses después.
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En su comunicado, el fiscal de la Nación dice que el despacho de Pérez ya cuenta con 11 fiscales adjuntos y personal administrativo, dando a entender que son suficientes y que tenía exceso de personal.
“Estos cambios se realizan regularmente en el inicio de una nueva gestión, los mismos que forman parte del proceso de reorganización estructural emprendido actualmente en la institución”, dijo Chávarry.
Cada nueva gestión en el Ministerio Público realiza cambios, pero es para fortalecer las investigaciones, no para atacarlas, y menos cuando se encuentran en un punto de trabajo tan complicado como el sucedido en plena investigación y detención de Keiko Fujimori y sus secuaces. Que se beneficie también Alan García con este golpe explica por qué una vez más esquiva el brazo de la justicia, pues para la mayoría de los peruanos García es otro político que debería estar en la cárcel.
Red Orellana
El despido de la abogada Susy Montero estaría vinculado a las investigaciones a la red de Rodolfo Orellana Rengifo, caso que diversas fuentes consideran en grave riesgo en la gestión de Chávarry, indica el citado diario.
El comunicado público señala que el fiscal de la Nación consulta con la OREF. Su principal asesor para ello sería Edwin Villarreal Espinoza. Él nombra, promueve y desnombra, dicen.
El Ministerio Público en Twitter y Facebook, tan activo en otras diligencias fiscales contra el crimen organizado, está silenciosos sobre un caso tan notorio como la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos de un aporte de un millón de dólares de la constructora Odebrecht. Esto puede significar que para Chávarry estas diligencias no son un logro, sino algo indeseable, ¿por pertenecer él a la misma mafia?
Acción ciudadana
En estas circunstancias, la ciudadanía debería manifestarse para exigir la salida urgente de Chávarry del cargo.
