El fiscal Lava Jato José Pérez Gómez denunció ayer al fiscal de la Nación, Pedro Chavarry Vallejos, por el presunto delito contra la administración de justicia en las modalidades de encubrimiento personal y real, al haber realizado actos para favorecer a Keiko Fujimori en el proceso en contra de ella y la cúpula de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos.
Es la primera vez en la historia jurídica del país que un fiscal provincial se atreve a presentar una denuncia penal contra el Fiscal de la Nación en ejercicio.
El denunciado Chávarry desestimó el cargo de encubrimiento porque no ha ocultado a nadie ni ha escondido pruebas, por lo que, según su criterio, carece de sustento la denuncia de supuesta interferencia, obstruccionismo y limitación a la persecución penal .
Intromisión
Pérez Gómez emitió una disposición de 11 páginas, en la investigación preparatoria sobre la supuesta organización criminal liderada por Keiko Fujimori que habría lavado activos con fondos ilícitos donados por Odebrecht a la campaña electoral de 2011.
Pérez presenta cinco razones de su imputación delictiva contra Chávarry:
Intromisión en el acuerdo reservado Fiscalía – Odebrecht.
Al respecto dice que,”se ha tomado conocimiento que el señor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, fiscal de la Nación, a través del secretario general Aldo León Patiño, ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”.
Uno de esos actos fue pedir, vía León Patiño, que Vela le informe sobre “presuntos cuestionamientos” a las condiciones en las que se habría suscrito el acuerdo de colaboración con Odebrecht, afectando la reserva y confidencialidad de la colaboración eficaz.
Sabotaje al acuerdo con Odebrecht
Por eso, Pérez acusa frontalmente a Chávarry de “procurar que el proceso de colaboración con la empresa Odebrecht no concluya satisfactoriamente […] para que las diversas fuentes de pruebas obtenidas hasta este momento en el caso seguido contra Keiko Fujimori y otros, por el delito de lavado de activos, no puedan emplearse en un posible juzgamiento; así como tampoco se pueda recibir mayor información o documentación y el aporte de nuevos testimonios de funcionarios de Odebrecht que coadyuven a la posición de cargo del Ministerio Público”.
Colaborador eficaz y La Botica
Otro fundamento del fiscal es el dicho de un colaborador eficaz sobre que Keiko Fujimori, “ordenó apoyar a Chávarry para que sea Fiscal de la Nación (…) una muestra de ese apoyo fue no acumular las denuncias constitucionales contra él”.
Y, también el chat “La Botica” en cuanto demuestra el acuerdo fujimorista de “blindar” a Chávarry.
Favor a Keiko
Y concluye que: “la actuación de Chávarry Vallejos, simplemente demuestra que se ha consumado su instrumentalización para favorecer los intereses de la imputada Keiko Fujimori, en el proceso seguido contra ella y el partido político Fuerza Popular por el delito de lavado de activos”.
Vínculo con Fuerza Popular
Otra de las razones es la vinculación de Chávarry con Fuerza Popular,“acreditada con su declaración del 30 de noviembre de 2018, en la que señala que los conductores del actual Congreso de la República le recomendaron contratar para la Fiscalía de la Nación al asesor Juan Manuel Duarte Castro”.
Duarte es actualmente coordinador de la Fiscalía de la Nación con el Congreso y anteriormente fue asesor del congresista fujimorista Bienvenido Ramírez.
La ruta del antejuicio
En la parte resolutiva de su disposición, Pérez dispone poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la noticia criminal sobre la presunta comisión del delito de encubrimiento por parte de Chávarry.
Así mismo, requiere al fiscal Rafael Vela Barba que eleve los actuados pertinentes a la Fiscalía de la Nación, para que se proceda conforme a la sección II del Libro Quinto del Código Procesal Penal.
Vela remitirá la disposición y sus fundamentos al propio despacho de Chávarry, quien no tiene otra alternativa que inhibirse de ver el caso por ser el imputado, esperándose que delegue la investigación preliminar correspondiente al fiscal supremo en lo penal, su otro enconado rival, Pablo Sánchez Valverde.
Así lo hizo con el caso del exvocal supremo César Hinostroza Pariachi, con el cual estaba relacionado. No obstante, no llegó a tanto respecto a las imputaciones de la fiscalía provincial del Callao contra él mismo, dos fiscales supremos y cuatro vocales supremos, presuntos integrantes de “Los cuellos blancos del puerto”.
¿Ruta de escape?
Sin embargo, dada su capacidad de realizar maniobras subrepticias, Chávarry podría delegar el caso a la Fiscalía Suprema Transitoria Para Delitos de Funcionarios Públicos, creada por él en agosto último, a cargo del Fiscal Supremo Provisional Jesús Fernández Alarcón, investigador del fiscal superior Concha.
Una vez concluida la investigación, el encargado decidirá si la archiva o formula denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, para el antejuicio.
Si eso ocurre, será la quinta denuncia contra Chávarry ante ese organismo que, por decisión de la alianza FP–Apra, se ha negado a revisar tres de ellas.
Esto, en abierto apoyo o “blindaje” a Chávarry, conducta que ahora es una de las razones del encubrimiento atribuido a Chávarry.
Certera previsión
La acción de Pérez contra Chávarry, confirma plenamente la previsión de Diario UNO adelantada ayer en la nota “Nueva correlación de fuerzas en el Congreso desestabiliza a Chávarry”: “Otros observadores han dicho que con su conducta obstruccionista en beneficio de casos específicos del Lava Jato Peruano (Caso Keiko y Caso Alan García), Chávarry hasta podría ser acusado de delito de encubrimiento”
Diario Uno, 27.12.2018
