La comunidad campesina de Tumilaca-Pocata-Coscore y Tala puso fin a su medida de fuerza con color a  extorsión contra la mina Cuajone, a la cual dejó sin agua por 50 días, hecho que afectó a 5,000 personas, no sólo trabajadores, sino familias con mujeres, niños y ancianos.

 

trabajadores Cuajone 2022

 

Los comuneros informaron que sostuvieron una asamblea extraordinaria el miércoles 20 de este mes dar por aceptada la resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, con lo cual suspenden sus medidas de fuerza e inician el proceso de diálogo entre 18 de sus representantes y la empresa minera Southern Perú.

“Desde este momento dejamos claro que estamos depositando nuestra confianza en el Estado peruano, de aquí en adelante, dependerá de los buenos oficios de sus representantes, para que a nuestra comunidad se le reconozca los daños ocasionados a nuestra propiedad comunal. Para el fortalecimiento de la confianza mutua esperamos la publicación de la resolución y el cumplimiento de acuerdos celebrados el día 12 de abril del 2022”, manifestaron en un comunicado.

Dichos comuneros, unos 400, habían ocupado la reserva artificial de Viña Blanca y cortaron el suministro de agua por más de 50 días a la mina Cuajone.


El hecho tiene visos de extorsión y demandan la astronómica suma de US$ 5,000 millones y 5% de sus utilidades anuales como reparación por presuntos daños, pues acusan a Southern de usurpar sus terrenos, mientras que la empresa minera sostiene poseer la documentación y permisos del Gobierno para utilizar esos terrenos.

Los comuneros insisten en ser propietarios de los terrenos donde se encuentran la construcción de Viña Blanca y los túneles del ferrocarril, los cuales, aducen, fueron adquiridos por sus ancestros desde el año 1894 y 1929, y posteriormente reconocidos por el Estado como Comunidad de Indígenas en 1949 e inscritos en Registros Públicos en 1993.

“Nuestra comunidad en todo momento ha buscado promover el entendimiento y acerca sus posiciones para resolver los problemas de manera pacífica y dialogante, pese a todas las amenazas e intimidaciones hacia nuestros integrantes de la comunidad, soportando todo tipo de ofensas y hasta calumnias; que en cierta forma se comprenden como parte del desconocimiento y conflicto de intereses”, indican en su comunicado.