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Con 84 votos favor, uno en contra y nueve abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria, presidida por el parlamentario Otto Guibovich Arteaga (AP), encargada de investigar el escándalo de aplicación irregular de vacunas contra el COVID-19, que determinó que existió una estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm, dirigida desde el Ministerio de Salud, con la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El informe señala responsabilidades de servidores públicos como del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, que habría cometido los delitos de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, habría incurrido en los delitos de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo y colusión, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, quien habría incurrido en el delito de negociación incompatible en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo.
El primero en intervenir fue el legislador Carlos Mesía Ramírez (FP), quien insistió en que se debe investigar “a la mal llamada Comisión Multisectorial” de Ejecutivo, toda vez que la Comisión del Congreso obtuvo las actas de 16 sesiones de información.
«Es una simple fachada para avalar los estudios clínicos, y descubierto estas irregularidades y lo que nos extraña que seis de las actas no han sido entregadas (…) es una comisión técnica y política que tenía lugar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia», expresó.
El congresista de Podemos Perú, Luis Castillo Oliva, señaló que se ha hecho un informe contundente y que han mantenido la reserva del caso y, a la vez, han actuado responsablemente.
«Se ha comprobado el ingreso de vacuna de emergencia que está en el acta de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo y que no es posible que se haya cambiado el tenor de la investigación», dijo.
El parlamentario Carlos Fernández Chacón (FA) planteó que presentará un proyecto de ley para que los privados compren las vacunas porque, según dijo, el negociado se puso al descubierto.
A su turno, Manuel Merino De Lama (AP) destacó el esfuerzo del grupo de investigación del Congreso por haber tenido un trabajo eficiente, a la vez lamentó que el Gobierno no haya tenido contrato con empresas que garanticen la vacuna.
El legislador tumbesino insistió en que debió haberse invitado a las enfermeras que han participado en las vacunaciones irregulares para conocer la verdad.
La legisladora Martha Chávez Cossío (NA) indicó que está de acuerdo con el informe, pero remarcó que tiene conclusiones preliminares, porque “señala el camino de la responsabilidad del Gobierno actual, el cual no se ha determinado en este informe (…) En ese contexto por decoro el señor (Francisco) Sagasti, luego de las elecciones debería dar un paso al costado. Yo votaría a favor de este informe, pero falta mucho por investigar», señaló.
El legislador Gino Costa Santolalla (PM) aclaró que a su esposa se le menciona en el informe y se le vincula con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estando ella trabajando como parte del equipo de investigadores.
Finalmente, la legisladora María del Carmen Núñez (Frepap) indicó que este informe “va más allá de quién se ha vacunado, sino que se debe saber quién está detrás de los negociados”.
