Grupo Basadre
RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD NACIONAL
Es urgente que la Nación y sus gobernantes tomen plena conciencia de la implicancia directa que existe entre el tratamiento que damos a nuestros recursos naturales y la seguridad del país.
RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD NACIONAL
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Fósiles o renovables, los recursos naturales son hoy una riqueza cada día más importante. Primero porque no alcanzan para satisfacer las necesidades de una globalización indetenible y segundo porque la forma en que se están utilizando no concuerda con el cuidado que requiere el planeta para desarrollarse de manera sostenible.
En esa carrera desordenada la situación del Perú es particularmente delicada porque si bien tenemos importantes fuentes de recursos naturales, carecemos del capital para darles el mejor uso y los gobiernos carecen de la racionalidad que debe orientar sus acciones.
Tal deficiencia hace que se adopten políticas públicas erróneas, apresuradas, o mal planteadas, que no pocas veces son promovidas por capitales nacionales o extranjeros solamente interesados en el provecho económico inmediato.
Dichas decisiones afectan directamente la seguridad del Perú porque debilitan nuestro sustento, nos abren en demasía y descontrol a la influencia externa y descuidan los efectos ambientales de proyectos cuya realización muchas veces se revela como una expoliación en favor de los más poderosos.
A solo 1 año de los lamentables hechos de Bagua, se han sucedido episodios que confirman lo antedicho. Relaves mineros dañando ricas cuencas hidrográficas por empresas insensatas, tanto en la sierra como en la selva; entrega de concesiones de explotación de petróleo en la costa marítima adyacente a pesar de las terribles experiencias recientes en el mundo; un oscuro y sospechoso proyecto de inversión comercial en la estratégica isla San Lorenzo; así como la negativa del Gobierno a presentar al país el Catastro Amazónico —excepto M. de Dios— que nos revele exactamente de qué manera real (explotaciones, exploraciones, reservas, propiedades comunales, etc) se da la ocupación del territorio amazónico.
Peor aún, las condiciones en que vivimos el aprovechamiento del gas son severamente nocivas, tanto por el precio inicuo pagado en su exportación cuanto por las dificultades de abastecimiento interno, deficiencias ambas que exigen renegociación de contratos y modificación profunda de la política actual en esas áreas, con mayor razón si no tenemos aún suficientes reservas probadas
Al mismo tiempo, un importante acuerdo energético con Brasil no ha sido expuesto ni siquiera ante el Congreso y el Gobierno se niega a hacer conocer el tema de las represas (incluyendo Inambari), que si bien se encuentra en etapa de estudio de su impacto ambiental requiere desde ahora una discusión pública amplia y transparente.
En toda ocasión se viene prefiriendo la conveniencia particular por encima del interés general. Cuando aparecen las sobreganancias en la exportación de nuestros minerales, el Estado no recauda los beneficios que debieran corresponderle. O cuando con el pretexto de “ordenar” la pesca, se reparte el 70% del recurso marino en propiedad perpetua entre un puñado de empresas privilegiadas.
Hasta la tierra cultivable, el más escaso de nuestros recursos naturales, es actualmente motivo de una escandalosa concentración a la que es urgente poner límites pues la propiedad de la tierra debe ser accesible principalmente a pequeños y medianos agricultores, cuya exclusión corroe la democracia.
Recordemos también que nuestro reclamo ante el Tribunal de La Haya contra Chile no solo conlleva una cuestión limítrofe, sino que esa discusión implica quién podrá gozar finalmente de la enorme riqueza pesquera y mineral que encierra la zona que Chile ha usurpado.
Al respecto denunciamos que nuevamente en falta de transparencia el país ignora qué impertinencia alegó Chile al protestar por el fallo del Tribunal Constitucional que obliga a renegociar el TLC y cuál ha sido la respuesta de la Cancillería peruana. El Gobierno al que los ciudadanos temporalmente le hemos delegado nuestra representación no tiene el derecho de mantener en secreto tan trascendente materia.
Lo anterior no significa olvidar que la diferencia con Chile está centrada en un tema crucial: su pretensión de conquista económica. Como ya hemos expresado anteriormente, esta solo puede ser detenida eliminando de la Constitución de 1993 el inicio del artículo 63 que al igualar la inversión extranjera con la nacional, automáticamente pone lo nuestro en desventaja, porque nos impide proteger intereses estratégicos.
Invocamos al Gobierno que no siga dilapidando irresponsablemente los recursos naturales que garantizan la supervivencia del país, esperando que la ciudadanía actúe en consecuencia con este llamado de alerta para defenderlos y mantener así en alto y con firmeza nuestro escudo protector que es la Seguridad Nacional.
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Julio 19, 2010
En esa carrera desordenada la situación del Perú es particularmente delicada porque si bien tenemos importantes fuentes de recursos naturales, carecemos del capital para darles el mejor uso y los gobiernos carecen de la racionalidad que debe orientar sus acciones.
Tal deficiencia hace que se adopten políticas públicas erróneas, apresuradas, o mal planteadas, que no pocas veces son promovidas por capitales nacionales o extranjeros solamente interesados en el provecho económico inmediato.
Dichas decisiones afectan directamente la seguridad del Perú porque debilitan nuestro sustento, nos abren en demasía y descontrol a la influencia externa y descuidan los efectos ambientales de proyectos cuya realización muchas veces se revela como una expoliación en favor de los más poderosos.
A solo 1 año de los lamentables hechos de Bagua, se han sucedido episodios que confirman lo antedicho. Relaves mineros dañando ricas cuencas hidrográficas por empresas insensatas, tanto en la sierra como en la selva; entrega de concesiones de explotación de petróleo en la costa marítima adyacente a pesar de las terribles experiencias recientes en el mundo; un oscuro y sospechoso proyecto de inversión comercial en la estratégica isla San Lorenzo; así como la negativa del Gobierno a presentar al país el Catastro Amazónico —excepto M. de Dios— que nos revele exactamente de qué manera real (explotaciones, exploraciones, reservas, propiedades comunales, etc) se da la ocupación del territorio amazónico.
Peor aún, las condiciones en que vivimos el aprovechamiento del gas son severamente nocivas, tanto por el precio inicuo pagado en su exportación cuanto por las dificultades de abastecimiento interno, deficiencias ambas que exigen renegociación de contratos y modificación profunda de la política actual en esas áreas, con mayor razón si no tenemos aún suficientes reservas probadas
Al mismo tiempo, un importante acuerdo energético con Brasil no ha sido expuesto ni siquiera ante el Congreso y el Gobierno se niega a hacer conocer el tema de las represas (incluyendo Inambari), que si bien se encuentra en etapa de estudio de su impacto ambiental requiere desde ahora una discusión pública amplia y transparente.
En toda ocasión se viene prefiriendo la conveniencia particular por encima del interés general. Cuando aparecen las sobreganancias en la exportación de nuestros minerales, el Estado no recauda los beneficios que debieran corresponderle. O cuando con el pretexto de “ordenar” la pesca, se reparte el 70% del recurso marino en propiedad perpetua entre un puñado de empresas privilegiadas.
Hasta la tierra cultivable, el más escaso de nuestros recursos naturales, es actualmente motivo de una escandalosa concentración a la que es urgente poner límites pues la propiedad de la tierra debe ser accesible principalmente a pequeños y medianos agricultores, cuya exclusión corroe la democracia.
Recordemos también que nuestro reclamo ante el Tribunal de La Haya contra Chile no solo conlleva una cuestión limítrofe, sino que esa discusión implica quién podrá gozar finalmente de la enorme riqueza pesquera y mineral que encierra la zona que Chile ha usurpado.
Al respecto denunciamos que nuevamente en falta de transparencia el país ignora qué impertinencia alegó Chile al protestar por el fallo del Tribunal Constitucional que obliga a renegociar el TLC y cuál ha sido la respuesta de la Cancillería peruana. El Gobierno al que los ciudadanos temporalmente le hemos delegado nuestra representación no tiene el derecho de mantener en secreto tan trascendente materia.
Lo anterior no significa olvidar que la diferencia con Chile está centrada en un tema crucial: su pretensión de conquista económica. Como ya hemos expresado anteriormente, esta solo puede ser detenida eliminando de la Constitución de 1993 el inicio del artículo 63 que al igualar la inversión extranjera con la nacional, automáticamente pone lo nuestro en desventaja, porque nos impide proteger intereses estratégicos.
Invocamos al Gobierno que no siga dilapidando irresponsablemente los recursos naturales que garantizan la supervivencia del país, esperando que la ciudadanía actúe en consecuencia con este llamado de alerta para defenderlos y mantener así en alto y con firmeza nuestro escudo protector que es la Seguridad Nacional.
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Julio 19, 2010
