Impacto de perdigones en las piernas de periodistas
Brutalidad resume la acción de la Policía Nacional del Perú contra los periodistas y jóvenes que marcharon sábado y domingo contra Dina Boluarte, el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
han registrado 11 personas heridas, algunas por impactos de perdigones y otras por impacto de bombas lacrimógenas. Además, se informó sobre cinco policías heridos durante los enfrentamientos.
Un brigadista recibió un perdigón en la pierna izquierda mientras participaba en la denominada “Marcha de la generación Z”, que agrupó a jóvenes y personas de toda edad que repudian al gobierno Boluarte, el Congreso y la JNJ, institución que se ha dedicado a favorecer a magistrados investigados por graves delitos, como las hermanas Patricia y Emma Benavides, y perseguir a fiscales probos.
Dos reporteros de Reuters, Anthony Marina y Néstor Galarza, también fueron heridos por perdigones mientras cubrían los hechos en la avenida Abancay. El fotoperiodista Juan Zapata, del portal Wayka, fue golpeado y le destruyeron su herramienta de trabajo, un drone.
La represión policial arremetió para evitar el acceso de los manifestantes al Congreso y al Palacio de Gobierno. No les importó la presencia de familias con niños pequeños y ancianos.
Como hordas salvajes, policías también irrumpieron en el Real Plaza Centro Cívico para perseguir a quienes protestaban, después de haber lanzado gases lacrimógenos en las cercanías del Palacio de Justicia, en el Centro de Lima.
Una vez más los policías no cumplieron con los protocolos internacionales de uso de bombas lacrimógenas, pues está prohibido lanzarlas al cuerpo de las personas, sólo se puede hacer al suelo o al aire. También se denunció el uso de armas blancas por parte de los policías contra los manifestantes.
Bloqueo de celulares
También se ha denunciado que el viernes se reportó de 50 activistas y líderes sociales amanecieron con sus celulares bloqueados. Según las operadoras, estos dispositivos fueron reportados como robados por terceras personas, resultando en la desactivación de los chips y equipos, lo que dejó incomunicados a los afectados. Reactivar las líneas tomó aproximadamente un día. Estos actos sólo son típicos en régimenes totalitarios.
Familiares de víctimas de las masacres ocurridas en 2022 y 2023 acusaron al Estado de estos bloqueos telefónicos como parte de un intento de intimidación antes de la marcha nacional, para intentar descoyuntarla. Culparon al ministro del Interior de vulnerar derechos fundamentales mediante presunto espionaje telefónico.
Todo esto es posible cuando en el gobierno se tiene enquistada a gente de bajos fondos como Juan José Santiváñez y su camarilla.
