El Congreso, con la mayoría humalista y sus aliados, aprobó la nueva Ley Universitaria, que atenta contra su autonomía y somete el destino de las universidades a personajes en parte impuestos por el gobierno de turno.
La norma fue elaborada en la Comisión de Educación que preside el parlamentario Daniel Mora, su impulsor, y en el Pleno contó con 56 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones, tras lo cual se le exoneró de segunda votación.
Uno de los puntos principales de esta ley es la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), que tendrá poderes extraordinarios en el destino de las universidades. Además, se elimina la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu).
La excusa es la calidad, lo cual resulta insólito, pues el control del Estado en la educación no ha podido brindar educación de calidad ni siquiera a las escuelas públicas.
El Suneu podrá cerrar universidades, lo cual podrá convertirse en un instrumento de persecusión que atente contra el libre pensamiento.
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