Por Rocío Ferrel
Según el criterio del Congreso y del Poder Ejecutivo, las fallas, problemas y falta de calidad de las universidades deben ser resueltos con una ley de reforma de las universidades que cree una superintendencia (SUNEDU) que las controle, para lo cual han presentado proyectos de ley.
Con ese mismo criterio, deberíamos crear una Superintendencia del Congreso y otra Superintendencia del Poder Ejecutivo; así controlaríamos la incapacidad, el ausentismo, conflicto de intereses, otras faltas y hasta delitos en que incurren congresistas, ministros o funcionarios.
Como sabemos, los poderes legislativo y ejecutivo nunca aceptarán una superintendencia que supervise su calidad y tampoco hacen mucho para mejorar en sus funciones. Salvo excepciones, estos poderes están llenos de personajes con formación deficiente, falta de honestidad e inteligencia y gran audacia para ejecutar despropósitos e incluso delitos de corrupción. Pese a toda esta detestable marca en la calidad humana, se benefician de cobrar en planillas doradas.
Estos personajes se creen con autoridad moral para violar la Constitución y la autonomía universitaria con estos proyectos de ley que pretenden aprobar, con el agravante de que no se ha convocado a las universidades para el debate en su elaboración, como denuncian los rectores. Esto es autoritarismo.
No obstante, es necesario reformar las universidades estatales y privadas con y sin fines de lucro, pues entregan títulos “a nombre de la Nación”.
Las universidades deben cumplir eficientemente con su papel de formar profesionales bien preparados e investigar en los campos de sus facultades respectivas (ya sea para la ciencia en general o enfocándose en aspectos que ayuden a resolver los problemas importantes del Perú), de modo que sean un brazo eficaz del desarrollo.
Entre otros, se requiere establecer no una superintendencia (que sólo serviría para colocar a los favoritos de turno en planillas doradas y podría prestarse a un peligroso control poítico), sino requisitos mínimos para la supervivencia de las universidades, como la acreditación y la obligación de publicar artículos de investigación en revistas internacionales especializadas, con plazos según su antigüedad, pues en el mundo moderno no se concibe una universidad que no investigue. A este respecto, debe señalarse que en muchas universidades se otorga el título profesional (licenciatura) sin que el egresado haya realizado ningún trabajo de investigación (tesis).
Entonces, como están las cosas, nos damos con la sorpresa de que muchos profesionales son alérgicos a la investigación, así los forman sus universidades. Para remediar esto, debe exigirse que quien desee trabajar en el estado acredite haber obtenido su título con tesis, no en cursos de estafa llamados de “titulación” o con tesinas (pequeñas seudoinvestigaciones).
Además de mejores sueldos para los docentes y de un mayor número de profesores a tiempo completo, debería establecerse alguna forma adicional de control de calidad de los títulos profesionales entregados. Por ejemplo, la ANR podría contratar a una organización independiente o internacional para que, en forma aleatoria y a modo de muestra, tome exámenes de conocimientos a los egresados, para comprobar si un profesional ostenta con justicia un título o si ha sido estafado.
Así, un cierto número de desaprobados debería ser causa del cierre de una facultad e incluso de una universidad. Incluso, este examen debería ser extensivo y hasta obligatorio para los profesionales ya contratados por el Estado, en especial para los que tienen menos años de servicios, pues pretenden ser mantenidos por todos los peruanos y no tenemos por qué sostener a profesionales incapaces. Allí veríamos qué universidades otorgaron en verdad títulos indebidos y estos profesionales deficientes deberían volver a estudiar si desean aspirar a una remuneración estatal.
La universidad y las instituciones del Estado deben abrirse más al control ciudadano. Las normas de transparencia, pese a no ser muy amplias, son burladas y las organizaciones ciudadanas y los colegios profesionales deberían participar más en la fiscalización de recursos y resultados, pues la ANR, la Contraloría, la Fiscalía o la Sunat no han servido de mucho, demasiadas fechorías se han perpetrado sin que hayan tenido el menor reflejo para actuar a tiempo.
Se hace necesaria la participación ciudadana, pero institucionalizada, debería existir una organización en la que participen activamente ciudadanos y colegios profesionales, que sea financiada por el gobierno, pero no controlada por éste, donde personas independientes elegidas por consenso lancen voces de alerta a tiempo y contribuyan a corregir lo que sea necesario.
El poder ejecutivo está descalificado para pretender ser una voz con autoridad en materia de universidades, pues a las estatales (a las cuales está obligado a sostener) les ha reducido el presupuesto de investigación y está derrochando el presupuesto en el populista programa Beca18, del cual se benefician universidades particulares y el humalismo, por la propaganda con que se despliega.
Todo este dinero de Beca18 debería ser destinado a fortalecer la universidad e institutos superiores estatales y sólo debería becarse a cuenta del Estado en instituciones no estatales a profesionales que busquen estudiar postgrados no disponibles en nuestro país y que se comprometan a regresar y a trabajar; de lo contrario, que devuelvan la inversión. Y las becas a jóvenes de lugares de extrema pobreza, para formación universitaria o técnica, sólo deberían permitirse en instituciones estatales.
