Pisco protesta por indolencia del gobierno tras 2 años del terremoto

Pisqueños de todas las edades marcharon por las principales calles de Pisco y la Plaza de Armas de esa ciudad al cumplirse dos años del terremoto de 7,9 grados Richter que golpeó el sur el 15 de agosto de 2007, en protesta por la indolencia del gobierno para emprender la tarea de reconstrucción.

Muchos de los participantes portaban ollas, silbatos, sirenas y bocinas, y desfilaron desde la madrugada por la ciudad, que todavía luce como si recién hubiese ocurrido el terremoto.

Desde las 08:00 horas hubo una vigilia y misa, previa romería al cementerio de la provincia, donde fueron enterradas más de 400 personas que perecieron con el desastre de 2007.

Durante la medianoche un numeroso grupo de ciudadanos, incluyendo niños y ancianos, se reunieron en la Plaza de Armas de esta ciudad, que fue la que sintió con más fuerza el impacto del sismo devastador. Esta mañana los manifestantes bloquearon el puente Huamaní, a la altura del kilómetro 227 de la Panamericana Sur, donde la policía intervino para restablecer la vía empleando bombas lacrimógenas.

Muchos de los damnificados todavía sufren en invierno las inclemencias del frío, tras pasar ya dos veranos sin techo, sólo en carpas, debido a la burla del poder ejecutivo, que no rinde debida cuenta de los millonarios recursos del exterior ni de los fondos del tesoro público que se destinaron a la reconstrucción.

La burla del bono

Numerosos participantes de la marcha portaban pancartas y otros su hoja de certificado del bono, denunciando que el gobierno se niega a entregar los seis mil soles del valor de este documento.

Para ayudar a la reconstrucción de Ica, muchos países y organizaciones realizaron millonarias donaciones, por lo cual el gobierno anunció con gran bombo que a cada damnificado le otorgaría un bono de 6000 soles.
Sin embargo, esos 6000 soles se convierten en casi 4000, pues los pobladores tienen que gastar casi 2000 soles en planos y burocracia, que el estado no les ha facilitado y se ven obligados a recurrir sólo a señalados profesionales. Lo que les queda se convierte en un monto irrisorio con la especulación en los materiales de construcción, que los ha hecho subir de precio.

Viendo este monto asignado a quienes todo o casi todo lo perdieron, causa asombro saber que los programas de vivienda como MiVivienda y MiHogar tienen derecho a un premio de buen pagador hasta de 15 mil soles.

Si financia su crédito a un plazo igual o mayor a 10 años, podrá acceder al Premio al Buen Pagador, el cual le permite ahorrar hasta el 15% del monto total del crédito, con un máximo de S/. 15,000.00.

Si tenemos en cuenta que el bono familiar que el gobierno concede para estos programas por única vez es de 3500 soles, el gobierno podría otorgar hasta 18500 soles para los programas de MiVivienda.

Aberración

Que se promueva la construcción de viviendas familiares es saludable, lo aberrante es la comparación, porque las personas que se inscriben en programas normales, por un mínimo de sentido común, no pueden tener trato superior al que se le da a los damnificados, que es de sólo 6 mil soles, el cual, como hemos visto, se reduce casi a 4 mil soles.

La aberración es mayor si tenemos en cuenta que para Ica hubo millonarias donaciones del exterior. Entonces, ¿exactamente cuál es el aporte del estado? La lógica elemental y un sentido mínimo de justicia nos diría que si a un particular cualquiera se le puede dar hasta 18 mil 500 soles, a un damnificado se le debería dar más, no sólo por su mayor necesidad y sino porque además del aporte del estado existe un importante financiamiento del exterior.

¿Por qué, en lugar de dejar a los damnificados a expensas de los especuladores de materiales, no se ha construido las viviendas en forma conjunta —lo que hubiese abaratado los costos—, con un sistema de crédito blando y un bono especial, superior al que se otorga al programa normal MiVvienda?

Falta de transparencia

De los millones donados desde el exterior no hay información lo suficientemente clara para saber qué se ha hecho. Contraloría parece un elefante ciego, sí muy listo para pedir bonificaciones millonarias para su burocracia.

Al parecer, en estos programas de vivienda hay un hediondo negociado. A los iqueños no sólo se les perjudicó con la falta de movilización de ayuda inmediata desde los primeros momentos de rescate, sino que ahora, ni el Forsur ni Garrido Lecca, ni Enrique Cornejo han atendido las necesidades de vivienda de estos pobladores.

¿Quiénes se están enriqueciendo con esto? ¿Las construcutoras contratadas o el Banco de Comercio y el Banco Falabella, que están inscritos en estos programas? Resulta muy claro que este injusto asunto debe investigarse a profundidad.