Por Alfredo Palacios Dongo
El presidente ecuatoriano Rafael Correa escogió el 10 de agosto, fecha del bicentenario de la Independencia de su país y de su asunción presidencial del período 2009-2013 —tras su reelección el 26 de abril pasado— para recibir el cargo de la presidencia “protémpore” de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) de manos de la presidenta chilena Michelle Bachelet. Asimismo se llevó a cabo la III Reunión Ordinaria, suscribiéndose la Declaración de Quito, en la cual por falta de consenso entre los países –a pesar de acuerdo previo en agenda– no se trató el tema de mayor foco de controversia actual surgido por el convenio para el uso de EE UU de siete bases militares en Colombia.
Recordemos que la Unasur nació el 23 de mayo de 2008 al suscribirse en Brasilia su tratado constitutivo por los doce mandatarios sudamericanos, con el objetivo de construir un espacio de integración y unión de manera participativa y consensuada. Sin embargo, además de no contar con personalidad jurídica internacional al no haber entrado en vigor por falta de instrumentos de ratificación, no se percibe como el organismo de convergencia que pueda reducir las asimetrías en la región debido a concepciones muy divergentes principalmente de los países de la Alianza Bolivariana para las Américas- ALBA (Venezuela, Bolivia y Ecuador), que con sus actitudes y voces altisonantes promueven la confrontación y afectan el consenso e integración regional.
Aunque el presidente Correa haya manifestado que asume la presidencia “pro-témpore” de la Unasur con el propósito de profundizar la integración regional, no ha logrado atenuar la preocupación y tensión por una probable influencia de la ALBA para sus intereses políticos e ideológicos del que denominan “Socialismo del siglo XXI”, así como del foro del Consejo Sudamericano de Defensa como instrumento para el logro de sus propósitos estratégicos.
En este panorama, se ha convocado para el próximo día 28 una reunión extraordinaria de Unasur en Bariloche, para tratar las implicancias del acuerdo Colombia-EE UU. Previamente el día 24 en Quito, el Consejo de Defensa, integrado por los cancilleres y ministros de Defensa, efectuará un examen más técnico del acuerdo. Sin embargo, tanto en este Consejo, cuyo objetivo es el de sentar las bases de una nueva geopolítica de seguridad y asistencia militar, así como en la reunión extraordinaria de los gobernantes, se debería analizar la actual geopolítica de seguridad regional, en la que además se presentan otros factores intervinientes, como la IV Flota Naval norteamericana en la zona, la carrera armamentista de Chile con anuencia de EE UU y la de Venezuela a través de Rusia, con el ofrecimiento del presidente Chávez de entregarles una isla para el emplazamiento de sus bombarderos estratégicos. Esta situación podría generar un incremento de presencia militar de dichas potencias en la zona y afectar así el escenario geopolítico de seguridad sudamericano.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de agosto de 2009
