Cayó el bombero
Por Gustavo Espinoza M. (*)
Víctor Penas Sandoval fue detenido ayer por la policía judicial y deberá responder por diversos crímenes cometidos al amparo del Poder.
Penas Sandoval no es un ciudadano cualquiera. Se trata de un Capitán retirado de la Fuerza Armada —más precisamente, el Ejército Peruano— cuya tarea era preparar los llamados "sobres-bomba" destinados a aniquilar personas.
Por Gustavo Espinoza M. (*)
Víctor Penas Sandoval fue detenido ayer por la policía judicial y deberá responder por diversos crímenes cometidos al amparo del Poder.
Penas Sandoval no es un ciudadano cualquiera. Se trata de un Capitán retirado de la Fuerza Armada —más precisamente, el Ejército Peruano— cuya tarea era preparar los llamados "sobres-bomba" destinados a aniquilar personas.
Sus actividades se desarrollaron en los años de la dictadura de Alberto Fujimori y, ciertamente, al amparo del Poder, sus recursos y su garantía de impunidad,
En su momento, Penal Sandoval trabajó en los Servicios de Inteligencia de nuestro país y fue preparado allí, y perfeccionado luego en los Estados Unidos de Norteamérica, para la comisión de estas acciones, que costaron la vida a varias personas
En la lista de sus víctimas se encuentra una joven periodista, Melissa Alfaro Méndez, una muchacha que, a los 22 años, cumplía funciones como secretaria administrativa del semanario "Cambio" y asistía a su director, el periodista Juan Arroyo.
Ella recibía cotidianamente la correspondencia. Y un día, 10 de octubre de 1991, la recogió como era habitual, y procedió a abrirla para clasificarla. Probablemente no se sorprendió cuando vio un sobre Manila grande con una anotación referida al director de la publicación. Simplemente la abrió, segura como estaba, de encontrar allí material periodístico, como le ocurría siempre.
No fue así, esta vez. El sobre, era una bomba de gelatina cuidadosamente preparado, y capaz de estallar a la primera manipulación. La explosión, que destruyó también la habitación en la que se hallaba Melissa, la mató sin que se diera cuenta.
Fue, quizá, el más emblemático de los casos. Pero hubo otros, antes y después de éste. El 15 de marzo de 1991, por ejemplo, cuando el país entero afrontaba los rigores de un verano inclemente, un sobre parecido llegó a la oficina en la que operaba la Comisión de Derechos Humanos. El Dr. Augusto Zúñiga Paz, quizá más desconfiado, abrió el envoltorio con cuidado y percibió un olor extraño. Alcanzó a lanzar los papeles fuera de la oficina, y eso le salvó la vida. Quedó mal herido, sin embargo, y perdió un brazo.
El Dr. Zúñiga atendía casos de Derechos Humanos pero, en el momento, era el abogado defensor de un oficial retirado del Ejército, el Mayor José Fernández Salvatecci, uno de los pocos que se atrevió a denunciar las tropelías de los Servicios de Inteligencia contra la seguridad de los peruanos.
Ricardo Letts Colmenares, entonces Diputado de la Nación, tuvo la misma experiencia. Pero también salvó la vida cuando detectó la sospechosa presentación del envío. Pero otros no tuvieron esa suerte y simplemente murieron sin quererlo y sin sentirlo. Fue el caso de Víctor Ruiz León, que recibió el sobre por error, y lo abrió. La bomba, era para su vecino.
Aunque algunos medios han optado por ocultar la noticia, otros sí se han ocupado de ella. Y es bueno que esto último ocurra. Venciendo el temor y la adversidad, hay que salir al frente siempre de crímenes de esta naturaleza, y de asesinos por encargo, como fueron los operadores de la guerra sucia en el Perú.
Ya hace algunos años, en 1993, la Justicia Militar abrió un proceso para juzgar a Penas Sandoval. Estaba involucrado en 8 muertes —distintas a las enunciadas— y relacionado a la posesión ilegal de 300 kilos de droga en la selva peruana. El acusado chantajeó a los jueces militares y los amenazó con revelar la responsabilidad de sus superiores en los crímenes que había cometido. Se hicieron de la vista gorda, entonces.
En una declaración hecha confidencialmente a los servicios secretos de los Estados Unidos en junio de 1994, Penas Sandoval refirió que había actuado en cumplimiento de "tareas de función" asignadas por el Servicio de Inteligencia. Y fue más allá. Acusó de los hechos el asesor presidencial en material de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, y a su subordinado, el Mayor Roberto Huamán Azcurra, señalando que fueron ellos los que dispusieron tales acciones.
Es bueno que este tema salga a luz en todos sus extremos. Servirá para conocer los entretelones de un "servicio" que cometió innumerables crímenes en nombre del Estado, pero que también tomó el nombre de Sendero Luminoso para consumar muchos otros.
Una indagación elemental permitirá conocer además el tipo de "coordinaciones" que ese servicio hizo con la inteligencia de los Estados Unidos no sólo en la ejecución de estos crímenes, sino también en la preparación y protección de estos asesinos. Y es que personajes como Penas Sandoval no fueron propiamente manufactura nacional, sino fabricación foránea. Los adiestraron en otras latitudes aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de "la ingerencia extranjera", cuando las demandan acciones en defensa de la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores.
Es posible que haya quienes pretendan salvar al "bombero" caído. Pero es indispensable que se sepa la verdad, y que se sancione el crimen con la vigorosa severidad que corresponde.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / www.nuestra-bandera.com
En su momento, Penal Sandoval trabajó en los Servicios de Inteligencia de nuestro país y fue preparado allí, y perfeccionado luego en los Estados Unidos de Norteamérica, para la comisión de estas acciones, que costaron la vida a varias personas
En la lista de sus víctimas se encuentra una joven periodista, Melissa Alfaro Méndez, una muchacha que, a los 22 años, cumplía funciones como secretaria administrativa del semanario "Cambio" y asistía a su director, el periodista Juan Arroyo.
Ella recibía cotidianamente la correspondencia. Y un día, 10 de octubre de 1991, la recogió como era habitual, y procedió a abrirla para clasificarla. Probablemente no se sorprendió cuando vio un sobre Manila grande con una anotación referida al director de la publicación. Simplemente la abrió, segura como estaba, de encontrar allí material periodístico, como le ocurría siempre.
No fue así, esta vez. El sobre, era una bomba de gelatina cuidadosamente preparado, y capaz de estallar a la primera manipulación. La explosión, que destruyó también la habitación en la que se hallaba Melissa, la mató sin que se diera cuenta.
Fue, quizá, el más emblemático de los casos. Pero hubo otros, antes y después de éste. El 15 de marzo de 1991, por ejemplo, cuando el país entero afrontaba los rigores de un verano inclemente, un sobre parecido llegó a la oficina en la que operaba la Comisión de Derechos Humanos. El Dr. Augusto Zúñiga Paz, quizá más desconfiado, abrió el envoltorio con cuidado y percibió un olor extraño. Alcanzó a lanzar los papeles fuera de la oficina, y eso le salvó la vida. Quedó mal herido, sin embargo, y perdió un brazo.
El Dr. Zúñiga atendía casos de Derechos Humanos pero, en el momento, era el abogado defensor de un oficial retirado del Ejército, el Mayor José Fernández Salvatecci, uno de los pocos que se atrevió a denunciar las tropelías de los Servicios de Inteligencia contra la seguridad de los peruanos.
Ricardo Letts Colmenares, entonces Diputado de la Nación, tuvo la misma experiencia. Pero también salvó la vida cuando detectó la sospechosa presentación del envío. Pero otros no tuvieron esa suerte y simplemente murieron sin quererlo y sin sentirlo. Fue el caso de Víctor Ruiz León, que recibió el sobre por error, y lo abrió. La bomba, era para su vecino.
Aunque algunos medios han optado por ocultar la noticia, otros sí se han ocupado de ella. Y es bueno que esto último ocurra. Venciendo el temor y la adversidad, hay que salir al frente siempre de crímenes de esta naturaleza, y de asesinos por encargo, como fueron los operadores de la guerra sucia en el Perú.
Ya hace algunos años, en 1993, la Justicia Militar abrió un proceso para juzgar a Penas Sandoval. Estaba involucrado en 8 muertes —distintas a las enunciadas— y relacionado a la posesión ilegal de 300 kilos de droga en la selva peruana. El acusado chantajeó a los jueces militares y los amenazó con revelar la responsabilidad de sus superiores en los crímenes que había cometido. Se hicieron de la vista gorda, entonces.
En una declaración hecha confidencialmente a los servicios secretos de los Estados Unidos en junio de 1994, Penas Sandoval refirió que había actuado en cumplimiento de "tareas de función" asignadas por el Servicio de Inteligencia. Y fue más allá. Acusó de los hechos el asesor presidencial en material de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, y a su subordinado, el Mayor Roberto Huamán Azcurra, señalando que fueron ellos los que dispusieron tales acciones.
Es bueno que este tema salga a luz en todos sus extremos. Servirá para conocer los entretelones de un "servicio" que cometió innumerables crímenes en nombre del Estado, pero que también tomó el nombre de Sendero Luminoso para consumar muchos otros.
Una indagación elemental permitirá conocer además el tipo de "coordinaciones" que ese servicio hizo con la inteligencia de los Estados Unidos no sólo en la ejecución de estos crímenes, sino también en la preparación y protección de estos asesinos. Y es que personajes como Penas Sandoval no fueron propiamente manufactura nacional, sino fabricación foránea. Los adiestraron en otras latitudes aquellos que se rasgan las vestiduras hablando de "la ingerencia extranjera", cuando las demandan acciones en defensa de la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores.
Es posible que haya quienes pretendan salvar al "bombero" caído. Pero es indispensable que se sepa la verdad, y que se sancione el crimen con la vigorosa severidad que corresponde.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / www.nuestra-bandera.com
