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El temor creciente a que la corrupción que empieza a evidenciarse en distintos sectores del gobierno termine ahogando su gestión, obligó al Presidente García a adoptar un tono bíblico. Desde Ñaña, días atrás, citando nada menos que a Jesucristo, denunció la hipocresía como el mayor pecado posible «de quien se presenta como puro, estando negra su alma». Se refería, es de suponer, a las acusaciones de corrupción que han caído sobre Jorge del Castillo y Omar Quesada, figuras centrales del régimen aprista y los máximos dirigentes de la vieja agrupación de Alfonso Ugarte.
Cuando las denuncias sobre el escándalo de los petroaudios arreciaban y el ex Premier parecía arrinconado, distintas voces apristas, más o menos soterradamente, anunciaban su liquidación política. Sus opositores, a los que recientemente derrotó en el Congreso aprista, pero seguramente también muchos de sus aliados «cuarentones», sonreían satisfechos ante la posibilidad de la recomposición de la dirección del partido.
El escándalo COFOPRI —la entrega fraudulenta de un terreno de 300 mil metros por menos de cinco mil soles, a un conocido traficante de predios que se jacta de sus vínculos con distintos congresistas apristas— cambió el panorama. Omar Quesada, el dirigente más entusiastamente promovido por el propio Presidente de la República, se vio forzado a renunciar por la magnitud del delito y por tratar de dejar a salvo su honorabilidad. En ambos casos, curiosamente, se pierden o se alteran las evidencias. Mientras todo indica que varios de los petroaudios, pero también los correos electrónicos de esa acusación, han sido manipulados por alguien, la Fiscalía no encuentra aún el expediente del terreno de Chilca.
En ambos casos, también, las acusaciones e incriminaciones entre militantes del partido oficial, están a la orden del día; Jorge del Castillo involucró al congresista Carrasco Távara en una propuesta legislativa que favorecería a la petrolera Monterrico, en tanto que Julio Calderón, secretario general de COFOPRI, es involucrado en ese caso por distintos funcionarios de la institución.
Así las cosas, a poco más de un año del término de su gestión, el tono altisonante que muestra el Presidente los últimos días, cuando no tiene más alternativa que referirse a estos casos vinculados a figuras centrales en su gobierno, parece parte de una estrategia en la que se distancia y se diferencia aún más de su partido y de sus dos secretarios generales, olvidando que seguramente él mismo fue el «componedor» de esa dirección que emergió trabajosamente del último evento partidario aprista.
Si bien el Presidente ha logrado hasta ahora desmarcarse de la corrupción que se muestra en su gobierno, es claro que la suerte del APRA no es la misma. Afectada por severas y profundas pugnas internas por el control partidario y por el proceso electoral que se avecina, la organización de Haya de la Torre corre el fuerte riesgo de quedarse sin conducción. La presión de los medios de comunicación, el renovado malestar que generan los latrocinios denunciados en la opinión pública, pero también los intereses de algunos sectores de la agrupación del Presidente, pueden acabar con Del Castillo y con Quesada, independientemente de si son culpables o inocentes.
El último año de gobierno, es en muchos sentidos la última oportunidad. En el caso de Alan García, para «expulsar a los mercaderes del templo» y enfrentar la corrupción, como ofreciera el ya lejano 2006, sin haber hecho nada desde entonces. En el caso del APRA, para «atravesar el desierto», investigando y separando a todos aquellos dirigentes y militantes involucrados en actos corruptos, que son muchos. El Presidente se juega el 2016; su partido, su futuro electoral más inmediato y la posibilidad de mantener alguna vigencia.
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