Intolerancia y represión en defensa del perro del hortelano
Por Desco
Días difíciles los vividos por el gobierno las últimas semanas. Por distintos lados, su fuerte apuesta extractivista —componente central de su modelo económico y de sus principales políticas— muestra muchas de sus limitaciones y peligros.
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Días difíciles los vividos por el gobierno las últimas semanas. Por distintos lados, su fuerte apuesta extractivista —componente central de su modelo económico y de sus principales políticas— muestra muchas de sus limitaciones y peligros.
400 barriles de petróleo de Pluspetrol envenenaron el río Marañón, afectando la vida y la naturaleza en vastas zonas del oriente del país. 50 toneladas de sedimentos de relave de la compañía minera Caudalosa Chica, contaminaron los ríos Totora y Opamayo, afectando también el río Cachi en la provincia de Huanta (Ayacucho), al romperse el 25 de junio pasado el dique que los contenía en Huachocolpa, Huancavelica; perjudicando a innumerables poblaciones, flora y fauna que dependen de esos recursos. Doe Run, por su parte, persiste en el incumplimiento de sus sucesivas promesas y abusa una vez más de la permisividad increíble del gobierno y el Ministerio de Energía y Minas.
Por si fuera poco, la escasez del gas natural en Lima los últimos días y el alza de precios que se observó en el mercado, generó un gran malestar entre las miles de personas que dependen de aquél para sus actividades diarias. Más allá de cualquier discusión técnica y política sobre las causas de esta crisis —si la marea estaba alta y el barco no podía desembarcar, si los grifos y distribuidores tenían o no la reserva, si se construye o no el ducto de Pisco a Lima, etc.—, lo cierto es que generó en la opinión pública un sentimiento profundo de rechazo a la política general de este gobierno con el gas, a su decisión de exportarlo contra viento y marea y a su improvisación y desidia para preocuparse por el mercado interno.
En este escenario, en el que desde distintos sectores arreciaron las críticas a la acción gubernamental, ésta exhibió, una vez más, su torpeza y su afán provocador. La decisión de cancelar la residencia al hermano Paul Mc Auley, comprometido generosamente los últimos años de su vida con la suerte y las luchas de los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios y sus recursos, constituye una arbitrariedad grosera, denunciada por variadas y plurales voces.
Ante la falta de pruebas, el argumento esgrimido, la condición de extranjero del hermano de La Salle, contrasta brutalmente con la buena disposición y el entusiasmo que cotidianamente muestra el mismo gobierno en su discurso y en sus actos, con el capital y las empresas extranjeras, a las que les permite todo.
Simultáneamente, el Ejecutivo, a la vez que presentaba una propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que insiste en cambiar el uso de tierras forestales para la agricultura, poniendo en peligro 45 millones de hectáreas en la selva peruana, rechazaba la norma aprobada por el Congreso de la República sobre la consulta a los pueblos indígenas e insistía en sus presiones en apoyo al proyecto Tía María. Como telón de fondo, desde distintos medios de comunicación, en paralelo nos anuncian de los grandes éxitos de la gestión gubernamental, con hartos números azules por cierto, y nos advierten de la oscura amenaza que se cierne sobre el país, promovida por los alevosos críticos de aquella, en una campaña publicitaria digna de Vladimiro Montesinos.
Así las cosas, cabe preguntarse que hay detrás de estos actos, que se van haciendo reiterativos, conforme se acerca el término del mandato gubernamental. Pero también es necesario interrogarse sobre la relación que tienen con la manifiesta voluntad judicializadora del conflicto social e incluso del elemental derecho a la discrepancia y a la opinión que vienen mostrando algunas de las figuras más significativas del régimen.
Las respuestas parecen claras y son consecuentes con la «filosofía del perro del hortelano», enarbolada por el primer mandatario, prácticamente desde el inicio de su gestión. La intolerancia y la vocación confrontacional y autoritaria que revelaron los escritos del nuevo pensamiento guía, empiezan a materializarse cuando la vida misma demuestra la arbitrariedad de un discurso que lo único que pretende es crearle mejores condiciones aún al gran capital, en nombre de la fantasía del crecimiento y el progreso. Estamos advertidos. El gran timonel y sus socios están decididos a defender su modelo sin mayores miramientos por los costos.
http://desco-opina.blogspot.com
Por si fuera poco, la escasez del gas natural en Lima los últimos días y el alza de precios que se observó en el mercado, generó un gran malestar entre las miles de personas que dependen de aquél para sus actividades diarias. Más allá de cualquier discusión técnica y política sobre las causas de esta crisis —si la marea estaba alta y el barco no podía desembarcar, si los grifos y distribuidores tenían o no la reserva, si se construye o no el ducto de Pisco a Lima, etc.—, lo cierto es que generó en la opinión pública un sentimiento profundo de rechazo a la política general de este gobierno con el gas, a su decisión de exportarlo contra viento y marea y a su improvisación y desidia para preocuparse por el mercado interno.
En este escenario, en el que desde distintos sectores arreciaron las críticas a la acción gubernamental, ésta exhibió, una vez más, su torpeza y su afán provocador. La decisión de cancelar la residencia al hermano Paul Mc Auley, comprometido generosamente los últimos años de su vida con la suerte y las luchas de los pueblos amazónicos en defensa de sus territorios y sus recursos, constituye una arbitrariedad grosera, denunciada por variadas y plurales voces.
Ante la falta de pruebas, el argumento esgrimido, la condición de extranjero del hermano de La Salle, contrasta brutalmente con la buena disposición y el entusiasmo que cotidianamente muestra el mismo gobierno en su discurso y en sus actos, con el capital y las empresas extranjeras, a las que les permite todo.
Simultáneamente, el Ejecutivo, a la vez que presentaba una propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que insiste en cambiar el uso de tierras forestales para la agricultura, poniendo en peligro 45 millones de hectáreas en la selva peruana, rechazaba la norma aprobada por el Congreso de la República sobre la consulta a los pueblos indígenas e insistía en sus presiones en apoyo al proyecto Tía María. Como telón de fondo, desde distintos medios de comunicación, en paralelo nos anuncian de los grandes éxitos de la gestión gubernamental, con hartos números azules por cierto, y nos advierten de la oscura amenaza que se cierne sobre el país, promovida por los alevosos críticos de aquella, en una campaña publicitaria digna de Vladimiro Montesinos.
Así las cosas, cabe preguntarse que hay detrás de estos actos, que se van haciendo reiterativos, conforme se acerca el término del mandato gubernamental. Pero también es necesario interrogarse sobre la relación que tienen con la manifiesta voluntad judicializadora del conflicto social e incluso del elemental derecho a la discrepancia y a la opinión que vienen mostrando algunas de las figuras más significativas del régimen.
Las respuestas parecen claras y son consecuentes con la «filosofía del perro del hortelano», enarbolada por el primer mandatario, prácticamente desde el inicio de su gestión. La intolerancia y la vocación confrontacional y autoritaria que revelaron los escritos del nuevo pensamiento guía, empiezan a materializarse cuando la vida misma demuestra la arbitrariedad de un discurso que lo único que pretende es crearle mejores condiciones aún al gran capital, en nombre de la fantasía del crecimiento y el progreso. Estamos advertidos. El gran timonel y sus socios están decididos a defender su modelo sin mayores miramientos por los costos.
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