Trata de personas: lenidad con los proxenetas


Se ha conocido el reciente caso de dos menores de edad que —aparentemente engañadas— habían sido traídas de Iquitos a Lima, con el fin de trabajar como meseras en restaurante o como empleadas del hogar. Apenas llegadas a Lima, las retuvieron en un hostal y de allí las pasaron a un local de masajes, en el que también se ejerce la prostitución. Por suerte una de las adolescentes pudo llamar a su familia, que a su vez se comunicó con un pariente que vive en Lima y que personalmente intentó rescatar a las jóvenes. Viéndose descubiertos, con gran desparpajo los proxenetas respondieron que las soltarían sólo si les devolvían el dinero gastado en traerlas de su tierra. El familiar, entonces, denunció el caso a la policía, la cual intervino, liberó a las chicas y detuvo a los conductores del local.

Como en muchas ocasiones la policía notó que menores de edad llegaban de provincias acompañadas o traídas por personas que no eran sus padres ni sus parientes, intervino y descubrió que eran menores provincianas engañadas con promesas de trabajo, quienes en realidad iban a ser prostituidas en Lima o en otras ciudades, los mafiosos cambiaron de táctica. Su modus operandis es el siguiente. Una o dos mujeres —no hombres, para evitar sospechas— viajan a provincias y hablan con los padres de las adolescentes a quienes ellas (las reclutadoras) consideran buenas o atractivas para dedicarlas al meretricio. Convencen a los padres de las jóvenes diciéndoles que se las llevan a Lima o a otra ciudad entre mediana y grande porque hay trabajos decentes para las chicas. Creyendo lo que les cuentan y ofrecen, los padres de las menores firman un documento mediante el cual autorizan a las reclutadoras —que van acompañadas por hombres cuya presencia no se nota— a viajar llevando a sus hijas, en busca de un futuro mejor, que en realidad es la prostitución.

¿Por qué pasa esto?

Para evadir sus responsabilidades en lo referente a desarrollar el país y crear industrias transformadoras, el estado peruano promueve activamente el turismo, llegando a la barbaridad de decretar los nefastos feriados largos en un país como el nuestro, que ocupa los últimos lugares del mundo en calidad educativa. Además de ser el turismo una forma que tienen los gobiernos de eludir sus tareas esenciales, ya hemos señalado1 sus males: dinero que se obtiene de los turistas, pero al costo de prostitución2 de menores de edad, aumento de la delincuencia, mayor consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, etc., etc. Ahora bien, en todo el mundo se reconoce que la prostitución es parte de cualquier paquete turístico, y mejor si es con menores de edad. Aquí entra en acción el estado proxeneta. 

Como este sórdido detalle del turismo es bien conocido por quienes dirigen el destino de nuestro país, esta gente (los que gobiernan) habría llegado a las siguientes conclusiones:

1) Promover el turismo a cualquier precio.

2) Fortalecer el rubro de la prostitución de menores de edad, puesto que los turistas prefieren eso.

3) Aparentar que se lucha contra la trata de personas en su modalidad de explotación sexual de menores, cuando en realidad lo que más se hace es facilitar la tarea de las mafias de proxenetas.

Un ejemplo de la inacción del gobierno ante el proxenetismo y esclavitud sexual es el pedido formulado por Bolivia para rescatar de la prostitución forzada a 180 bolivianas: el estado peruano se comprometió a colaborar, pero tras una acción inicial de rescate de sólo 23 mujeres, el asunto ha sido abandonado desde marzo de 2007.

¿Qué se debe hacer?


Aunque sabemos que una causa de peso en este problema es la situación de pobreza de la mayoría del pueblo peruano, no se puede pasar por alto la gran hipocresía de los gobernantes, que con su inacción actúan como socios y promotores de los proxenetas. Para guardar las apariencias, de tiempo en tiempo saltan a la prensa casos que la policía descubre y que se procesan adecuadamente. Pero, como en otros aspectos de la vida nacional, el que tratamos es un asunto que a la policía no corresponde solucionar; lo más que puede hacer es detener a uno que otro proxeneta, que sabe que si va a la cárcel saldrá pronto, y de allí no pasa el asunto, porque —¿en forma muy estudiada y cómplice?— el gobierno ha dejado enormes vacíos que permiten que infinidad de menores de edad tengan la prostitución como horizonte de vida que el gobierno aprista del Perú les ofrece.

Antes de proponer soluciones específicas, debemos entender que es un crimen dejar las cosas tan relajadas a favor de las mafias (¡la simplificación administrativa para facilitar el delito de los proxenetas!). La salud física, moral y social de la persona —y en particular de la juventud— nos dice que todo esfuerzo que se haga para terminar esta lacra es bienvenido; nuestra niñez y juventud lo merecen. Hay que poner obstáculos contundentes a los corruptores, las cosas deben ser muy difíciles para ellos; así defendemos a la niñez y juventud.

Medidas específicas

Podemos sugerir las siguientes:

1) El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) realizará en todo el país una sostenida campaña de información para alertar a los padres de familia sobre los peligros que se ciernen sobre sus hijos e hijas cuando son sacados de su lugar natal. Se pondrá especial énfasis en el interés que tienen los proxenetas de llevarse a las niñas y adolescentes para prostituirlas.

2) La persona que sin ser su progenitor busca llevar a un menor de edad de una ciudad a otra debe presentar: a) documento de identidad; b) certificados de antecedentes policiales y penales; c) cartas de garantía de personas honorables que las conozcan en el lugar de partida (de “reclutamiento”) y en la ciudad de destino3 . Además, las empresas de transportes permiten viajar a menores sin sus padres, lo cual debe ser controlado y debe aplicarse las sanciones correspondientes.

3) La firma de la carta de autorización de los padres del menor debe hacerse en una comisaría o delegación policial, donde se comprobará la identidad de los padres y de la persona que viajará con el menor y la autenticidad de los documentos presentados (certificados de antecedentes policiales y penales).

4) En la comisaría o delegación policial, luego de identificar a las personas, verificar la autenticidad de los certificados y tras la firma de la carta de autorización, se tomará las huellas digitales del menor, de los padres y de la persona que llevará al menor a otro lugar.

5) En la comisaría o delegación policial, el procedimiento descrito se hará con participación de un representante del ministerio público.

6) El comisario o jefe de la comisaría o delegación policial remitirá al Mimdes copia del acta correspondiente a esta actuación policial y del ministerio público.

7) Al llegar a la ciudad declarada como destino, la persona que trae al menor irá de frente a la comisaría más cercana a la agencia de transportes o aeropuerto donde haya arribado, informará de su llegada y acreditará un domicilio donde vivirá o trabajará el menor. En caso de no presentarse en la comisaría o delegación policial, ya hay presunción de delito de secuestro y privación de la libertad y esa persona es perseguible por la justicia; consecuentemente, los firmantes de las cartas (mencionadas en el punto 2)) en que declaran conocerla pasan a ser cómplices y justiciables.

8) Hasta que alcance la mayoría de edad o hasta el momento en que el menor quiera regresar a su lugar de origen, la persona que trasladó al menor irá con éste a la comisaría o delegación policial una vez al mes a firmar un libro para demostrar que todo está bien; y en esta visita el menor se comunicará telefónicamente con sus padres en privado, sin que esté cerca la persona que lo trajo, lo cual posibilitará que el menor regrese a su tierra si así lo desea, o que denuncie cualquier abuso, para detener inmediatamente a la persona que lo trajo de su lugar natal.

9) El Mimdes mantendrá en internet un registro —con nombres, apellidos y fotografías— de las personas que se han responsabilizado en el traslado de menores e incumplen las obligaciones de reportarse mensualmente a la comisaría. Los registros de proxenetas no deben ser borrados de internet, aunque haya transcurrido el tiempo de condena.

10) En forma permanente e inopinada, la policía efectuará allanamientos en prostíbulos4 o lugares de prostitución para asegurarse de que no hay menores de edad sometidas a la prostitución. Cuando en esas intervenciones se descubra una prostituta sin documento de identidad, la policía llevará detenido a quien conduce el prostíbulo y a la joven indocumentada. Si consultando con la base de datos del Reniec se comprueba que la meretriz es mayor de edad y el prostíbulo tiene licencia de funcionamiento, no pasa nada; si la investigación demuestra que la prostituta es menor de edad, el conductor o conductora del lenocinio —tenga o no licencia de funcionamiento— queda detenido(a) e interviene el ministerio público.

11) El estado debe dotar a la policía de recursos suficientes para mantener una adecuada y permanente investigación del ejercicio de la prostitución, de manera que, inclusive si se trata de mayores de edad, se llegue a determinar si las mujeres están ejerciendo el meretricio de manera voluntaria o forzada.
 
12) Las condenas por forzar a ejercer la prostitución a menores o mayores deben ser de 30 años a cadena perpetua porque la esclavitud sexual significan largos años de sufrimiento para una persona secuestrada y puede ser peor que el asesinato, esto sin contar los riesgos de contraer enfermedades y sufrir maltrato físico.

Condiciones y actuaciones como las que sugerimos5 permitirán disminuir y finalmente eliminar la llamada trata de menores. Nuestra dignidad de país lo exige.
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1 Ver: “Feriados largos”: el Apra y el Sutep unidos contra la educación

2 No nos referimos a los pintorescos bricheros y bricheras, hombres y mujeres —rara vez menores de edad— que se pegan a los turistas y siendo bisexuales (“de doble filo” o que “patean con los dos pies”) le entran a cualquier aventura con el fin de obtener dinero, diversión y buena alimentación.

3 Por supuesto que quienes suscriben esas cartas deben también presentar certificados de antecedentes policiales y penales.

4 Con licencia de funcionamiento o clandestinos.

5 El hecho de que nosotros o cualquiera las sugiramos refleja la enormidad del vacío legal que un estado permisivo —y que parece o es cómplice— deja para que los mercaderes del sexo actúen sin dificultad.