Agendas paralelas y responsabilidad limitada
por Desco
Sucesos lamentables se han puesto en el centro del debate público en las últimas semanas: los infinitos giros en el llamado ‘caso Ciro’, el envenenamiento de tres niños por ingerir alimentos contaminados en Cajamarca y la muerte de un hincha de fútbol en el marco del ‘clásico’ del fútbol peruano. Los informativos de radio y TV y los diarios los han incluido en sus agendas porque cuestionan la naturaleza del vínculo social entre peruanos, pero no solo eso. Los medios también tienen agendas que responden a intereses específicos, como por ejemplo, intentar utilizar los hechos de Cajamarca como causal de interpelación de la titular del MIMDES.
Dejan, en cambio, en segundo plano, los hechos más significativos en la performance del gobierno a dos meses de asumir el mandato. Destacamos tres: la promulgación de la Ley de Consulta Previa, los avances en materia de imprescriptibilidad ante los delitos de corrupción y, el gravamen minero. Estas novedades representan impulsos en la propia agenda gubernamental, según la «hoja de ruta», pero no son temas que motiven el interés principal de la prensa.
Todos estos cambios expresan una modificación en la correlación de fuerzas respecto al gobierno pasado y eso debería llamar la atención. En el primer caso, es la concreción de una iniciativa que estuvo en discusión por buen tiempo en el Congreso sin encontrar el ambiente propicio durante el segundo García, quien prefirió la imposición no negociada de términos favorables a la gran inversión, sobre todo de la gran industria extractiva. En lo referente a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se trata de dar señales para transformar el escenario que ha permitido que, en 2010, más de 140 personas procesadas por delitos de corrupción cometidos en la década de los 90 se hayan beneficiado con la prescripción y que otros personajes no lleguen a hacerlo, entre ellos Vladimiro Montesinos, Moshe Rostchild y Alberto Venero. La moción ha sido aprobada por la Comisión de Constitución y debe ser votada ahora en el Pleno. Un aspecto notable es que, para que la propuesta proceda, se votará por la modificación del artículo 41 de la Constitución de 1993, sin que eso signifique un sisma de gobernabilidad anticipado por diversos agoreros.
En el caso del gravamen, aunque a decir de diversos analistas no estamos hablando de los montos anunciados por el Premier en el Congreso, sino de cantidades apreciablemente menores, lo notable es que la gran minería está dispuesta a pagar más casi sin titubear, como reconociendo que han sido consentidos por mucho tiempo y que, gravamen o no, sus actividades en nuestro país seguirán gozando de gran rentabilidad.
Todo esto no quiere decir que los hechos reseñados al inicio no sean importantes. Lo son por su gravedad, pero también porque nos han permitido advertir la tendencia a «lavarse las manos» por parte de los agentes directamente involucrados, lo cual es clamoroso en el caso de los directivos del fútbol. En este caso en particular, parece que ha habido mayor diligencia de parte de ciertos actores públicos que de los privados. Mientras tanto, el Ejecutivo, con un perfil bajo, y en ocasiones con gestos equívocos y manejos torpes de sus comunicaciones (para nada rivalizan con los operadores mediáticos que llevan el arma en ristre para resucitar temores de la campaña), sí procura hacerse responsable de sus palabras, lo cual es valioso en sí mismo, e importante para quienes tenemos en agenda el desarrollo.
