La justicia me persigue
César Lévano
Por lo menos dos veces por semana me llegan notificaciones de comparecencia ante alguna sede del Poder Judicial. Lo peor es que en ningún caso hay justificación alguna para que se me entable querella: se alude por lo general a escritos publicados en LA PRIMERA con firma de autor. El juez debería aquilatar.
En todos los casos he señalado que no hay ninguna ley o artículo del Código Penal que establezca que el director de un medio pueda ser acusado por información u opinión firmada por otros. Un caso célebre es el de Alan Simón García Nores, hijo del ahora expresidente, quien nos enjuició por haber acogido información de comuneros que lo implicaban en acciones negativas para ellos. El abogado de Simón Pérez era Gerardo Vélez, conocido militante aprista del equipo legal de Palacio.
Don Simón reclama un millón de dólares por esa mancha contra su honor. Ese honor lo cotiza en un millón de palos verdes. Por si acaso, he comenzado a ahorrar y ya tengo 37 dólares acumulados. Por algo se empieza.
No es chiste. La idea debe de ser amedrentarnos, o, en todo caso, atormentarnos. Hostigarnos. Una citación es una mañana perdida.
En mi escritorio reposa una notificación amenazante. En texto entregado en mi domicilio este sábado, el sábado 8, se me conmina para que el 21 de octubre preste declaración instructiva ante el 33º Juzgado Penal de Lima.
“Oficiándose”, dice el texto, “a la comisaría del sector a efectos de que se proceda con la conducción de Grado Fuerza (sic) del referido querellado, bajo apercibimiento de ser declarado REO AUSENTE en caso de inasistencia y ordenarse su ubicación, captura y conducción a esta judicatura”.
La notificación proviene de la señorita juez María del Carmen Bless Cabrejas.
Lo curioso es que la querella ha sido entablada por un señor Carmelo Fortunato Sandoval Carhuanco, a quien no tengo el gusto de conocer y cuyo nombre y acciones me son total y absolutamente desconocidos. ¿Cómo podría difamarlo si ni siquiera sabía que existiese?
Otro caso curioso es una notificación de la Policía de Investigaciones, que exige mi presencia para esclarecer un caso en que aparezco, afirma, complicado con Jaime Bayly. Como es notorio, con este personaje no comparto la menor contaminación. Dejo constancia que en el día y la hora de la convocación tenía una inaplazable cita médica.
El Congreso debería introducir en el Código Penal precisiones como las que existen en la legislación de prensa de los países civilizados, en los que se busca preservar La Libertad de información y de opinión.
No soy el único director de diario sometido al acoso judicial. Por eso mismo, considero que instituciones como el Colegio de Periodistas, el Consejo de la Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad deberían analizar el panorama y proponer medidas contra la amenaza.
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