Concesiones Mineras en Ayacucho
Jans Erik Cavero Cárdenas (*)
De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas existen más de 2 mil derechos mineros titulados en la región Ayacucho. En efecto, según el catastro minero del departamento, se tienen 2,103 concesiones mineras, 597 derechos mineros en trámite, 100 extinguidos, 80 canteras. Por lo tanto, a septiembre del 2011, no existe ninguna provincia ayacuchana libre de concesiones mineras. Desde Huanta en el norte, hasta Paucar del Sara Sara en el sur, prácticamente todo el territorio se encuentra concesionado a privados.
Aún cuando una concesión minera no otorga derechos sobre la tierra, el predio, o el agua, ni suponga estrictamente el inicio de actividades de exploración o explotación de recursos naturales, la cifra revelada por el ministerio debe ser el punto de partida para la deliberación de políticas mineras en la región, pues el tema incorpora asuntos medio ambientales, recursos hídricos, desarrollo social y desarrollo económico. Si el eje central de este nuevo gobierno es la inclusión social, es necesario tener un análisis transversal de las políticas sectoriales.
Las provincias con mayores derechos mineros titulados son Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Fajardo. A Catalina Huanca, empresa minera que más contaminación ambiental ha generado, siendo criminal el relave minero que se vino abajo en la Comunidad de Raccaya, se suman Southern Perú Cooper Corporation con presencia en Cangallo; Newmont Perú en Huamanga y Sucre; Barrick Misquichilca en Huancasancos, Fajardo, Lucanas; Doe Run en Huanta (Ayahuanco); Buenaventura en Huamanga, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, La Mar.
Estamos ante la presencia de grandes empresas mineras que debido a su actividad han estado inmersos en problemas de contaminación. No son pocos los medios de comunicación de alcance nacional que han dado cuenta de conflictos sociales entre diferentes comunidades y estas corporaciones. La actividad de estas empresas en Ayacucho debería ser evaluado, pues da la casualidad que las comunidades donde está el centro de explotación siguen sumidas en pobreza extrema y precarios índices de desarrollo humano.
Es más, muchos de estos minerales son explotados en Ayacucho pero transportados a Ica o Arequipa para su procesamiento. A nivel de cada ejercicio fiscal, año tras año, Ica y Arequipa son los grandes beneficiarios del canon minero y las regalías mineras porque todo el circuito de producción, desde la explotación hasta antes de la exportación, está registrado fuera de Ayacucho, lo cual se traduce en una pérdida de recursos para la región. Desde esta perspectiva, las mineras explotan en Ayacucho pero tributan en otras regiones, sobre todo algunas que operan en Lucanas.
Al lado del canon y regalías está la responsabilidad social corporativa. Las mineras en el país no conocen el significado de la responsabilidad social o tienden a distorsionarlo para presumir que están apoyando al desarrollo de una comunidad. En el sector gasífero, por ejemplo, es inconcebible que Perú LNG sostenga que ha hecho obras e infraestructura en la Comunidad de Vinchos como parte de la responsabilidad social, cuando en realidad se trata de subsanar la destrucción de canaletas y suelos que habían generado. Si una empresa contamina el medio ambiente, ¿será responsabilidad social indemnizar económicamente a la comunidad? Claro que no.
Un asunto que no debe dejarse de lado es la discusión en profundidad de la Ley de Consulta Previa. Todos los actores, políticos y sociales, deberían sumergirse en el análisis de esta ley y las implicancias que va a suponer su aplicación. Hasta hoy no se conoce el reglamento de la ley, por tanto no se ha aplicado en ninguna localidad. En todo caso, debo mencionar que lo complejo e indeterminado de la norma es el cómo se va a aplicar, cómo se seleccionará a los actores participantes, etc. Si no hay carácter vinculante, ¿para qué sirve la participación?, o es que se trata solo de la participación deliberativa.
Llama la atención la titularidad de derechos mineros por parte de personas naturales. Jorge Pompeyo Bellido, ingeniero que participa en licitaciones de obras, tiene su derecho minero en trámite en San José de Ticllas. En Tambillo, el inefable Germán Martinelli tiene 2 concesiones en trámite, aunque se trata de minería no metálica. El hijo del ex presidente Belaúnde Terry, Rafael Belaúnde, candidato presidencial por el Partido Adelante, tiene 2 derechos mineros en Lucanas (San Cristóbal y San Pedro); Albino Ccenta Tupia tiene un derecho minero en Vilcashuamán (Accomarca) y otras concesión para minería no metálica en Ocros; Manuel Rafael Jara Huayta, cuyo apellido suena familiar, tiene un derecho en trámite en el sur de la región (Oyolo).
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