por Herbert Mujica Rojas
Por los delitos de Encubrimiento Personal agravado (quien investiga el delito encubre a su autor); Falsedad Ideológica (insertar falsedades en documento público); Retardo de Actos de Función (excederse en demasía del plazo razonable); y Abuso de Autoridad (cometer arbitrariedades que perjudican), serán denunciados la doctora Patricia Miranda Gamarra (Titular), Roxana Olivos Arellano (Adjunta), Eliana Virna Núñez Bragayrac (Adjunta) y Henry William Zumarán Ramírez, fiscales todos pertenecientes a la Primera Fiscalía Provincial Penal del distrito de Villa María del Triunfo. Pareciera que un Concurso Real de Delitos está de por medio.
Tales actos delincuenciales se vienen llevando a cabo en perjuicio del señor Jesús Idomil Mejía Tapia en una Investigación Preliminar, que ya dura más de 12 meses, donde se vienen reiterando los indigestos ilícitos penales. ¿Será aceptable que la denuncia penal interpuesta el 5-1-2011 haya sido proveída, a los 114 días: ¡sí, 3 meses y 24 días!, el 28-4-2011?. La denunciante, de nombre Gabriela, hasta hoy no ha sido citada para ratificarse, declarar y explicarse y un implicado ha sido citado casi al año de denunciado. ¿No es esto encubrimiento por motivos oscuros?
Si bien es cierto los jueces sólo deben constreñirse a aplicar lo que la ley preceptúa, no pocas veces, como en la presente ocasión, estos hacen tabla rasa de principios, derechos ajenos y demuestran una falta de idoneidad absolutamente censurable. Siempre a condición que todos acepten, haciendo mutis, la aberración que anida en su voluntad autoritaria. Es mandatorio que la ciudadanía actúe y lo haga enérgicamente, es decir, el empresario Mejía Tapia tiene el deber cívico de denunciar a estos magistrados corruptos. Y debe saber, de antemano, que el periodismo no contaminado ni a sueldo, le apoyará decididamente.
Por sinrazón pareciera que la justicia en Perú se circunscribe a cierto número de kilómetros urbanos, ergo, la autoridad, rango y respeto que se debe al Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ni se acata ni aquilata y por eso estos fiscales delinquen a diestra y siniestra. ¿Quedará tranquilo el titular de la Fiscalía sin ordenar, como corresponde, una investigación sumaria y terminante para fulminar estos desmanes en la Primera Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo?
¿Qué hay del Congreso y del Poder Ejecutivo? Es imprescindible que se ponga fin a estas arbitrariedades delictivas de los fiscales que se cubren los unos a los otros, generando abusos contra los ciudadanos a sabiendas que no hay castigo ni leyes adecuadas y apropiadas que sancionen ejemplarmente sus desvaríos.
El derecho tiene que estar al servicio de la ciudadanía y dentro de éste, el debido proceso, las garantías que permiten ejercer una adecuada defensa tienen capital importancia. ¿Cómo es eso que uno de los protagonistas en un juicio penal tenga, antes de cualquier sentencia, la certeza que los fiscales están en complicidad actuando en contra? Si esto ocurre es porque la ciudadanía no los denuncia, menester, por tanto y urgente cuanto que imprescindible que Mejía Tapia actúe invocando la Constitución del Perú y el Código Penal que le amparan en sus derechos.
Si los fiscales actúan mal y parcializados, es obligatorio que la Fiscalía de la Nación, investigue el caso individualizando responsabilidades y expulse a esos malos magistrados, les imponga impedimento de volver a ejercer vitaliciamente y, como está contemplado en el Código Penal, los interne por largos y reflexivos años ¡en la cárcel!
