Jans Erik Cavero Cárdenas*
Otra vez el Consejo Regional de Ayacucho adopta una decisión que podría devenir en actos de corrupción en el interior del Gobierno Regional (GRA). Esta vez no se trata de supuestas emergencias para dar paso a licitaciones exoneradas, sino del Convenio Marco, “Asistencia Técnica y Administrativa para la Implementación de Servicios en Salud y Recuperación de la Infraestructura Productiva en Ayacucho”, con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), para que éste conduzca procesos de selección de diversos proyectos y obras.
Edmundo Esquivel, administrador del gobierno, quien está procesado por presuntos delitos de corrupción, sustentó la propuesta, convenciendo a consejeros regionales incautos que no merecen representar a las provincias de Ayacucho. Según el propio GRA, la OIM licitaría la construcción y equipamiento del nuevo hospital regional, categoría III-1, y un par de proyectos del PRIDER. En total, estamos hablando de más de 150 millones de soles comprometidos.
Contrariamente a lo que piensa un sector de gestores públicos, sostengo que estos convenios – entre un gobierno nacional o subnacional y un organismo internacional – son bastante desventajosos, al menos en el Perú.
En primer lugar, estos organismos cobran una comisión de entre 3 y 5% para llevar adelante procesos de selección (licitación, concurso, adjudicaciones) y ejecuciones contractuales. Entre 2003 y 2010, la OIM se llevó de la comuna limeña una comisión de 44 millones. Por lo tanto, existe un gasto adicional para las entidades públicas que encargan estas funciones a la OIM, OEI, etc. De esta comisión, una parte se destina a la subcontratación de personal que va a conducir una licitación, y otra parte, no menos jugosa, es la utilidad del organismo. No existe, entonces, eficiencia económica.
De otro lado, se dice que con estos organismos se garantiza especialidad y experiencia; sin embargo, esta afirmación peca de sesgada, pues ignora que estos organismos tercerizan la conducción de licitaciones en consultores externos. La OIM, cuya especialización se circunscribe a temas migratorios y poblaciones, ¿cuánto sabe de contrataciones públicas?, ¿qué sabe la OIM de adquisiciones del Estado?, ¿la OIM tendrá experiencia en procesos de selección o ejecución de obras?
La existencia de estos convenios es un fuerte incentivo a la corrupción. La Contraloría General de la República, órgano rector del control gubernamental, no puede realizar acciones de control sobre tales organismos internacionales, aún cuando está en juego recursos del erario nacional. La razón es sencilla: Los organismos internacionales gozan de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad de sus documentos y archivos. De esta manera, cuando Contraloría requiere a un gobierno regional, la respuesta es: “vuestro requerimiento corresponde ser atendida por los organismos que administran directamente los recursos o las obras”.
¿Y qué sucede cuando Contraloría requiere a tales organismos? El organismo se queja ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien responde a Contraloría: “la OEI es una organización internacional regida por las normas del Derecho Internacional Público, por lo tanto, la entidad, así como sus funcionarios, poseen inmunidad de jurisdicción”. De esto puede dar fe la propia Contraloría. Por si fuera poco, no hay voluntad política de los gobiernos para corregir esta perversión que en nada contribuye a la transparencia y fiscalización. No es casual que los proyectos de ley presentados hayan abortado en el camino. Vivimos con una ley de contrataciones cuyo artículo 3 dispone la no sujeción a su mandato de las contrataciones realizadas de acuerdo a las exigencias y procedimientos de organizaciones internacionales, y sobretodo de los convenios de cooperación, gestión, u otros, suscritos entre entidades nacionales y organizaciones internacionales.
Finalmente, los defensores de estos organismos alegan mayor eficiencia y menos corrupción. Sin embargo, la auditoría hecha a la gestión de Castañeda Lossio demuestra la existencia de obras mal ejecutadas y en las que existen presuntos actos de corrupción. Lo mismo puede señalarse respecto a las licitaciones en ESSALUD, Ministerios, Gobierno Regional de Ancash, Gobierno Regional de Cusco, etc., producto de los cuales seguramente existen funcionarios procesados penalmente.
Esquivel, otrora servidor de confianza del investigado por la Megacomisión, Hernán Garrido Lecca, sabe cómo operan estos organismos internacionales. Caso contrario, que se remita a las llamadas telefónicas entre Rómulo León y Quimper, donde ponen en el tapete la participación de la OEI en proyectos hospitalarios en los que presuntamente habría faenones y aceitadas. ¿Dirá algo el Presidente Oscorima?, ¿y cuál es la posición del gerente general del GRA, quien ya debería exigir la destitución de Edmundo Esquivel?
