Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 14 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que durante el último trimestre del 2012 el desempleo en Lima Metropolitana disminuyó 1.4 puntos porcentuales (de 7% a 5.6%) respecto al mismo período 2011 en línea con la importante expansión de la economía. Este anuncio que parece ser muy positivo, sin embargo no lo es después de analizar el contexto general de la preocupante situación laboral de nuestro país.
El desempleo juvenil ha aumentado a tasas del 13%
En Lima Metropolitana, 7 millones de personas están en capacidad de desempeñar una actividad económica, pero 2 millones son considerados económicamente inactivos (amas de casa, estudiantes, jubilados, pensionistas, etc.) grupo poblacional en el que se esconde una elevada desocupación. Los restantes 5 millones componen la Población Económica Activa (PEA), de la cual, según el INEI, solo hay 272,800 desempleados.
Esta cifra es engañosa, ya que de estos 5 millones, descontando los desempleados, solo 2.5 millones tienen un empleo adecuado con más de 35 horas semanales e ingresos mayores al valor de la canasta mínima familiar de S/.1,675 (S/.335 por 5 personas que componen una familia), pero los restantes 2.2 millones son subempleados por horas (subempleo visible) y por ingresos (subempleo invisible), con trabajo injusto, sueldos indignos menores del sueldo mínimo vital (S/.750) y sin seguridad social; además el INEI considera ocupada a una persona que trabaja una hora a la semana.
Si la situación laboral es así en Lima que concentra los beneficios del crecimiento económico, el desempleo en las zonas rurales y provincias es mucho mayor. En el Perú, de 30 millones de habitantes, 22 millones están en edad para trabajar; de éstos, 15.5 millones conforman la PEA pero solo 7 millones son asalariados, es decir, el resto, 8.5 millones, son sub empleados, informales o desempleados, con sueldos indignos y sin cobertura previsional ni de salud.
A pesar del crecimiento económico tan pregonado por el gobierno, falta más trabajo digno y productivo, y formalización. Menos del 10% de los asalariados en el país (PEA ocupada) cuenta con un trabajo decente (empleo formal en planilla, sueldo digno, protección social de salud y pensionario, y goce de derechos laborales). Además, se han elevado exponencialmente los niveles de informalidad, de 15.5 millones de trabajadores de la PEA, 11 millones (71%) son informales, y en esta misma condición están más del 90% de las microempresas; por último, el desempleo juvenil se ha incrementado a tasas de hasta 13%, por lo que los jóvenes que terminan sus estudios profesionales o técnicos tienen serias dificultades para su inserción en el mercado laboral.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de enero de 2013
