Con irresponsabilidad y prisa misteriosa el gobierno del presidente Humala, basado en testimonios muy discutibles, pretende consagrar la rebaja de los cánones de seguridad de los muros de la Línea 2. El regulador, OSITRAN y su inefable gerente general Obed Chuquihuayta, por cierto que NO sirven para gran cosa y ni siquiera siguen las recomendaciones de CESEL. ¡Un genuino disparate!
Herbert Mujica Rojas
Los ingenieros peruanos señalan que el concesionario, Consorcio Nuevo Metro de Lima, quiere rebajar el rango de seguridad a 1.3 mientras que la oferta del concesionario en el concurso que se llevó a cabo y el contrato de concesión mismo expresan que éste debe ser de 1.5. Cabe precisar que la Línea 1 tiene un nivel de seguridad de 1.5.
Así, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Gallardo Ku, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler y la presidente de OSITRAN, Patricia Benavente, nos dicen que no hay problema, que con 1.3 es suficiente para soportar un sismo de grado 9, que hay algunas voces innecesariamente alarmistas y demás.
¿Qué interés tiene Humala y el gobierno, a través de los tres funcionarios mencionados, en aprobar lo que solicita el concesionario, amparados únicamente en la opinión de un arquitecto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que, a todas luces, está equivocado al considerar el tremendo tramo de 35 kilómetros como “Estaciones”, es decir, paraderos? ¿Cree este señor que está evaluando otro Metropolitano? ¡Es una obra a más de 25 metros bajo tierra!
¡500 mil pasajeros diarios!
En las últimas semanas mucho se ha venido hablando de los sistemas de seguridad con que contará la Línea 2 del Metro de Lima, específicamente, en lo que respecta a su estructura y el grosor de los muros del túnel por donde circularán los trenes, con alrededor de 500 mil pasajeros diarios.
Para un ciudadano poco entendido en la materia, que recién se está interiorizando en el tema y que sin embargo, se ha preocupado de investigar algo más allá de lo que se ve o escucha en los medios de comunicación, le resulta inexplicable que tres personajes del gobierno saliente den una conferencia de prensa apoyando la posición del concesionario.
Voces discrepantes
Pero resulta que las voces alarmistas son del Colegio de Ingenieros del Perú, profesionales de reconocido prestigio en el campo de la ingeniería, que han participado en la elaboración de normas de construcción, un ex ministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de García, que tiene la experiencia de la construcción y fortalecimiento de la Línea 1 del Metro, luego de los sucesos sísmicos en Chile, que obligaron a mejorar las normas, sin oposición del concesionario; y, la propia empresa supervisora de la obra, CESEL, designada por un concurso que llevó a cabo el UNOPS por encargo de OSITRAN.
Por su parte, el gobierno se ampara en la opinión “técnica” de un arquitecto del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuando el representante del Estado en este contrato es el Ministerio de Transportes, profesional que por propia formación no es experto en estructuras, ni, reiteramos, tampoco pertenece al ministerio concedente. ¡Es decir!
Problemas desde la génesis
Es cierto que esta obra ha tenido muchos cuestionamientos desde el principio, sea por el concurso mismo llevado a cabo por Proinversión, con proveedor único. Hecho que fue cuestionado por tirios y troyanos, al tratarse de la obra más importante que va a hacerse en el Perú, por lo que se consideraba que las bases debieron ser más abiertas (no en los factores técnicos sino en los componentes humanos y su desempeño en otras obras similares), permitiendo la participación de mayores postores. O, por la selección del Supervisor, ya que la Asociación de Consultores del Perú expresaba que las bases eran discriminatorias y estaban direccionadas a determinado postor. Al final, se presentaron tres, dos no calificaron y después de una larga e inusitada negociación, entre OSITRAN-UNOPS-CESEL, fue elegida, como se prevía, ésta última, liderando un consorcio de empresas supervisoras, se entiende, de amplia experiencia.
¿A cuento de qué menos seguridad?
En conclusión, cualquier persona con algo de criterio compara y se pregunta ¿por qué acceder a lo que solicita el concesionario -rebajar los estándares de seguridad-, si él mismo se comprometió a ello, si es la propia empresa supervisora, seleccionada por el regulador, quien también cuestiona esto si, además, el Colegio de Ingenieros y varios de sus integrantes especializados hacen lo propio; si un ex ministro del ramo, con experiencia suficiente tiene opinión discordante con el gobierno?
¿Quién responde?
Siendo además, que es la primera vez que se hace una obra de esta naturaleza y, por lo tanto, debieran tomarse todos los recaudos posibles.
¿Quién va a responder por la enormidad de muertos que se producirían en caso de un terremoto de la magnitud mencionada? ¿Los tres funcionarios fusibles?
¿A santo de qué rebajar el estándar que ya tiene la Línea 1, se había comprometido en la Línea 2 y puede servir de mal ejemplo para los sucesivos ramales de nuestro ansiado Metro?
Y lo más preocupante, ¿por qué el regulador OSITRAN no sigue las recomendaciones de la empresa CESEL, supervisora que tanto le costó seleccionar?
Faltan dos meses para que este gobierno termine su gestión y los funcionarios mencionados se vayan, ¿qué los motiva a ir contra lo que resulta lógico y legal?
25.05.2016
