Jans Cavero*
A pocos días de culminar la gestión de gobierno el balance del proceso de descentralización no es favorable. Naturalmente, el Congreso de la República no salva su responsabilidad política por el retroceso de la descentralización, como tampoco los gobiernos subnacionales, cuyo papel reivindicativo no ha sido óptimo. Por lo tanto, el fracaso de la descentralización constituye una responsabilidad compartida.
En julio del 2013 la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado pasó a manos de la bancada Acción Popular – Frente Amplio, siendo presidido por el Frente Amplio. El primero en asumir fue Rimarachín, luego Dammert, y finalmente Verónika Mendoza. En 3 años de gestión se ha hecho muy poco por relanzar el proceso. Dammert, con la experiencia política que tiene y su familiaridad con la descentralización, desplegó esfuerzos muy modestos para sacar adelante el proceso. Rimarachín y Mendoza, en cambio, no estuvieron a la altura de las circunstancias para presidir una comisión de vital importancia para el país.
Y es que el problema empieza por la absurda práctica parlamentaria de la repartija de comisiones dentro de una misma bancada. Hoy me toca a mí, mañana a mi correligionario, y así hasta culminar el periodo parlamentario. Por lo tanto, las comisiones no son presididas necesariamente por los técnicos o por los más capaces, sino que se suceden dependiendo del peso que cada congresista tiene en su grupo parlamentario. El resultado habla por sí mismo: Triste papel de presidentes de comisión leyendo en el Pleno sus dictámenes; aprobación en comisión de proyectos de ley inútiles o protocolares; enfoque en asuntos puramente formales; carencia de resultados medibles e indicadores de desempeño; presentación de iniciativas legislativas muy pobres en contenido y sustento.
La Comisión de Descentralización del Parlamento 2015 – 2016 acaba de presentar su Informe de Gestión, en cuya introducción su presidenta señala lo siguiente: “En un contexto de duros cuestionamientos al proceso de descentralización, vinculados principalmente a denuncias de corrupción, la comisión ha ejercido con responsabilidad su función de legislar, representar y fiscalizar en las materias que le corresponden y de acuerdo con las normas que establece el Reglamento del Congreso de la República.”
Si Toledo creó el CND, García lo redujo a una secretaría, y Humala borró del mapa al ente rector del proceso. Si bien es cierto que la posición del Ejecutivo era claramente centralista, no es menos cierto que a nivel de Parlamento no hubo respuesta contundente para reimpulsar el proceso, ni siquiera cuando cada año el presupuesto público se centralizaba en el MEF, en detrimento de los gobiernos regionales y locales. En un contexto de austeridad, era paradójico que el presupuesto del gobierno nacional aumentara y el de los gobiernos subnacionales se redujera. Ni siquiera el bajón en los Recursos Determinados, producto de la ralentización económica, podría explicar semejante asimetría fiscal.
Si no hubo la respuesta esperada y adecuada, la Comisión de Descentralización no puede alegremente decir que ha trabajado con responsabilidad, menos aún si observamos con detalle lo que evidencia su informe. Así, durante el periodo de gestión 2015 – 2016 ingresaron 84 proyectos de ley para su estudio y posterior dictamen. La Comisión elaboró 40 dictámenes, de los cuales 37 fueron aprobados y derivados al Pleno. De este total, 27 fueron aprobados por el Pleno y convertidos en Ley. Ahora bien, ¿de qué trataron estos dictámenes? Según la comisión, los dictámenes proponen lo siguiente:
- Establecer responsabilidad política ante la falta de emisión de la norma reglamentaria en el plazo debido.
- Modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sobre la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales – ANGR.
- Declarar de interés público la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Garantizar la igualdad de oportunidades en la composición del Consejo de Ministros.
- Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del CP.
¿Cuántos de estos dictámenes aprobados tienen impacto directo en el proceso de descentralización?
Recordemos que desde el año 2013 la referida comisión se dedicó a crear indiscriminadamente nuevos distritos como si ello fuera un avance de la descentralización. ¿Cuán significativo es la desmembración del territorio en unidades pequeñas?, ¿la balcanización de las jurisdicciones existentes constituye una política descentralizadora acertada? No, para nada. No obstante, sólo en el último periodo anual de sesiones, la comisión aprobó la creación de los siguientes distritos: La Yarada Los Palos; Santiago de Tucuma; Pueblo Nuevo; Oronccoy; Los Chankas; Megantoni; Castillo Grande; Rocchacc; Chaca; Porvenir; Pucayacu; Pichos; San Pablo de Pillao; Roble; Ihuayllo; etc.
Lo que la descentralización exige en el contexto peruano es la creación de macro regiones que articulen corredores económicos y logísticos, que compartan riesgos y recursos, que se transfieran capacidades, y que en conjunto reduzcan las asimetrías fiscales que hoy experimentan los gobiernos subnacionales. Al mismo tiempo, el proceso exige un adecuado reparto competencial entre los gobiernos multinivel y la transferencia de funciones del gobierno nacional, con un sistema de incentivos y un monitoreo y evaluación.
Finalmente, la comisión agrega: “En el ejercicio de la función fiscalizadora y de control político se han realizado las siguientes actividades: Citación a autoridades y funcionarios para que concurran a las sesiones de la Comisión con el fin de pronunciarse sobre iniciativas legislativas y temas de interés público o dar respuesta a los pedidos de información de las y los congresistas.”
Craso error. La función de control político consiste en el control del Parlamento hacia el Ejecutivo a través de mecanismos como el voto de investidura, la invitación para informar, solicitud de información a ministros y a la administración, la estación de preguntas, interpelación, y censura ministerial. Asimismo, la fiscalización consiste en verificar el uso y disposición de los recursos públicos a cargo de las diferentes entidades públicas y/o las administraciones de cualquier nivel de gobierno.
Por cierto, la recepción de 1,016 documentos, de los cuales 201 provinieron del Poder Ejecutivo, 189 de pedidos ciudadanos, 53 de los Gobiernos Regionales y 121 de los Gobiernos Locales, resulta un trámite burocrático que toda comisión debe cumplir. Por lo tanto, no es un logro per sé que signifique la eficacia de la comisión en favor del proceso de descentralización.
Es probable que en los próximos 5 años el Frente Amplio siga presidiendo esta comisión. Si la hoja de ruta no apunta a fortalecer e impulsar el proceso es mejor ceder la comisión a otro grupo parlamentario y asumir algún grupo de trabajo en el que sí haya demostración de cambios y logros significativos. Salvo, mejor parecer.
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