Huida hacia adelante del gobierno desnaturaliza las APP
El gobierno decidió suscribir la cuestionada adenda del contrato con la empresa Kuntur Wasi para la construcción del Aeropuerto de Chinchero (Cusco) e iniciar las obras. De ese modo se concreta la desnaturalización del modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) en el Perú y se abre una etapa de inseguridad jurídica del Estado. Además, se ha generado una flagrante irregularidad, demostrada objetiva y racionalmente.
Desde el inicio el contrato fue irregular y oneroso para el Estado. La empresa ganadora, entre tres postulantes, se impuso ofreciendo US$ 265 millones, 192 millones menos que el tope señalado por el Estado; luego presentó una adenda para que el Estado le pague los US$ 265 millones, más intereses, elevando el costo total del proyecto a US$ 800 millones, debido a que su falta de solvencia financiera elevaba el riesgo haciendo que los bancos le prestasen a tasas altas de interés.
Mediante la adenda cuestionada, el Estado se compromete a pagar esos US$ 265 millones para el inicio de los trabajos del aeropuerto, usando los recursos de los peruanos indebidamente, a pesar de que en el contrato inicial le correspondía a la empresa concesionaria asumir el riesgo financiero.
Este cambio grotesco es vendido por el gobierno como una gran solución; el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha justificado su decisión señalando que el proyecto costaría antes US$ 1,120 millones, que ahora cuesta lo mismo, pero que el movimiento de tierras va a estar a cargo de la parte pública, de modo que el país se ahorrará US$ 590 millones en intereses.
Esa aritmética es falsa. En el contrato original Kuntur Wasi era responsable por el financiamiento del 71,4% del presupuesto total, mientras que el Estado tenía a su cargo el financiamiento del porcentaje restante. Gracias a la adenda, el concesionario solo es responsable por el financiamiento del 19,3% del presupuesto total de las obras, mientras que el Estado debe asumir el financiamiento por el 80,7%. Con la adenda, la APP inicial se ha convertido en una obra pública común a cargo de una empresa a la que el Estado le financiará gran parte de la obra y a la que se le entregará en concesión por decenas de años.
Las alertas sobre el contrato original y la adenda fueron claras. Entre los años 2013 y 20124, la Contraloría General de la República objetó el contrato —antes y después de su suscripción— advirtiendo que los intereses del Estado estaban en riesgo si es que no se introducían mejoras sustanciales. En enero de este año, la presidenta de OSITRAN renunció debido a que dos de los tres miembros del directorio aprobaron la cuestionada adenda, afirmando como razón de su alejamiento una clara variación de los términos originales del contrato en detrimento del Estado.
El gobierno ha adoptado una decisión errónea que constituye una huida hacia adelante respecto de otros caminos que pudo tomar, entre ellos la rescisión del contrato por incumplimiento del concesionario. Esta decisión será onerosa para los peruanos y tendrá consecuencias para el gobierno.
La República,05.02.2017
