Por Herbert Mujica Rojas
Puede que no sea para un país muy agradable asimilar que sus ex presidentes hayan incurrido en latrocinios de diverso calibre. Y mucho peor que la justicia internacional les eche el guante, los detenga y encarcele. No obstante lo indecoroso que significa que un ex primer funcionario sea sospechoso de raterías, sí es interesante —y vital— el suceso que demuestra que ya no hay chance de actuar con la más descarada impunidad.
Perú y su historia dan cuenta de fortunas afincadas en la comisión de exacciones, contratos con dedicatoria, favoritismos criminales. Y los suertudos son, en muchos casos, gentuza con linaje depredador de bisabuelos a bisnietos. No hay aristocracia ni realeza de sangre pero sí criminalidad ejecutiva y estafadora del dinero que paga el pueblo.
Cuando un funcionario, de presidente al más modesto, roba, maltrata, dispendia recursos del Estado –monetarios o materiales- incurre en una acción malvada y perversa. El pueblo tributa y mantiene con sus impuestos el aparato burocrático en que abundan sabios en trabar leyes o medidas que afecten a sus intereses minúsculos y siempre delincuentes.
Y esto ocurre en un país en que los recursos del Estado gozan de la “mala fama” y que son minimizados como si carecieran de valor. Para nada importa que el insumo o recurso haya sido sufragado por el pueblo o, mejor dicho, por el sector que tributa con sus impuestos. Es cierto que ámbitos poderosos y muy ricos tienen pelotones de contadores y jurisconsultos muy bien pagados para NO honrar obligaciones.
Por tanto, los sucesos que dan cuenta de enormes sospechas en torno al mal accionar de ex presidentes o funcionarios incursos en negociados sucios de alta escala son beneficiosos porque descubren una veta que jamás debió ser opacada o disimulada: la persecución al crimen como parte de la salud mental institucional del Estado.
¿Por qué la impunidad se instaló tanto en el alma burocrática peruana? Es una buena pregunta que tiene mil o más respuestas. Desde la Colonia y en la República, los asaltos al Estado son múltiples y muchos de ellos mayúsculos. En no pocas veces el manto de impunidad barnizó los acontecimientos y ¡NO PASO NADA!
La pátina que encubre los delitos contra el Estado tuvieron entre sus patrocinadores aviesos a jueces, fiscales, procuradores, parlamentarios, gerentes, ministros, presidentes y ex mandatarios. De tal forma que el vil tejido garantizaba el dinero sucio y la tranquilidad de los fautores del robo enquistados en los altos puestos. ¿Cuántos gerentes o presidentes de directorios de empresas del Estado pagaron realmente sus culpas?
Diría que fue providencial que los escándalos y latrocinios de empresas gigantes ocurriera en la forma que pasó. Ex presidentes, burócratas, banqueros, toda clase de rateros han visto su nombre en los diarios y medios de comunicación que también juegan su propio horizonte dictado ¡cuándo no! por los intereses de parte y privados siempre querendones de sus fortunas y millones delictivos.
Una nueva hora de realizaciones justicieras empezó no ha mucho. Al mismo tiempo que felicitarnos de los sucesos, procuremos que toda política del Estado conlleve también la lucha contra el crimen como parte de la salud mental de la Nación.
22.07.2019
