Las protestas ininterrumpidas en el distrito de Cocachacra contra el proyecto minero Tía María han cumplido ya cinco semanas, y en la ciudad de Arequipa, diferentes gremios vienen protestando hace 15 días. El anuncio del Consejo de Minería de suspender la licencia del proyecto Tía María no convenció a los indignados en la ciudad. Ellos abogan por la cancelación definitiva del proyecto. Este clima beligerante nos ha revelado una serie de situaciones que estaban pasando desapercibidas o, simplemente, no se querían ver. A nivel nacional, este conflicto ha sido el detonante para que el Ejecutivo proponga revisar la Ley de Minería que tiene 27 años de vigencia. Pero no lo ha hecho per se, sino por un pedido expreso de los siete gobernadores que conforman la Mancomunidad del Sur, cuyos territorios son el foco de la inversión minera. El presidente Martín Vizcarra hizo el anuncio de la reforma en el último mensaje presidencial, para beneplácito de los gobernadores y molestia de la CONFIEP. La reforma solicitada, entre otras cosas, propone la revisión de la tributación minera y el otorgamiento de concesiones.
Por otro lado, se ha conocido que la autorización a Southern Perú para la etapa de construcción de la concesión del proyecto Tía María, se efectuó pese a que faltaba levantar algunas observaciones y presentar otros tantos requisitos, como el estudio hidrológico de la zona del proyecto que sirvió como base del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María. La celeridad de la aprobación de este permiso y la congelación del mismo hasta que el Consejo de Minería resuelva el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa, motivaron al Congreso a solicitar la presencia de los ministros de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, para que expliquen cuál es la situación administrativa del proyecto minero.
A nivel regional, se ha percibido la fragilidad de nuestras autoridades locales. Por un lado, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica ha aprovechado esta situación para levantar su capital político, pues su gestión presenta serias deficiencias: ha cambiado su personal de confianza repetidas veces, no ha podido cumplir con su promesa de culminar la Variante de Uchumayo —una de las obras más emblemáticas de la ciudad—, y ha sido cuestionado por realizar gastos superfluos. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la dirección de su gestión, pues todos estos meses no ha logrado comunicar qué persigue su gobierno, fuera de su reivindicación como provinciano. Asimismo, ha quedado en evidencia la pésima relación de Cáceres Llica con su vicegobernador, Walter Gutiérrez, quien contradictoriamente lo acusó de aprovecharse de los paros y después fue a negociar personalmente con Martín Vizcarra a la capital.
A nivel social la protesta contra Tía María ha dejado al descubierto la fractura que hay en la sociedad arequipeña, que va más allá de si hay un bando prominero y otro antiminero, sino que incide en la creencia de que hay ciudadanos que están a favor del desarrollo y otros que están en contra; estos últimos no serían arequipeños de cepa, revelando así un imaginario retrógrado y chauvinista que persiste en un sector de la sociedad, en el que los migrantes altoandinos y su descendencia, son culpables de los problemas de la ciudad.
La protesta también ha servido para conocer de propia boca de los pobladores de la provincia de Islay —donde está ubicado el proyecto—, cuáles consideran que son sus principales problemas. La encuesta realizada a la población por la Universidad Católica Santa María y la Universidad Católica San Pablo, ha identificado cuatro problemas: la mala calidad del agua (para riego y consumo), la escasez de este recurso, la pésima calidad de la salud, y la pobre calidad educativa.
La encuesta también revela que el 70% opositor considera a la minería como una amenaza por la contaminación, problemas con el agua, perjuicio a la agricultura, etc. Un reporte periodístico dio a conocer que la empresa minera y el Gobierno Nacional estaban al tanto de esta situación, pues fue el propio Ministerio de Energía y Minas quien contrató los servicios de ambas universidades. Aun así, otorgaron la licencia de construcción.
El tema del agua y los efectos ambientales del proyecto son los dos asuntos críticos en este problema, y no han sido atendidos adecuadamente en todos los años que tiene el conflicto. Recientemente, el Estado ha firmado el contrato para la realización de los estudios de la represa de Yanapujio para proveer de agua al valle.
Así, la evaluación de los impactos ambientales sobre la puesta en marcha del proyecto Tía María aún no resulta clara para la mayoría de la población y para opiniones de especialistas. Y como cereza del pastel, la reputación de la empresa que impulsa el proyecto tiene serios cuestionamientos. En estas condiciones, la suspensión de la licencia por 120 días resulta claramente insuficiente.
No hay mal que por bien no venga, reza el dicho. Y en el caso de este conflicto, por lo menos está sirviendo para cuestionar algunas cosas que se creían inamovibles dentro de la estructura económica del país, para sopesar el poder en el sur y reflexionar sobre las taras que aún carga la sociedad arequipeña.
desco Opina - Regional
Programa Regional Sur - descosur
23.08.2019
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