Escribe: Jorge Manco Zaconetti
La crisis chilena resulta aleccionadora para nuestro país, pues hemos copiado parte sustancial del modelo económico, que hasta antes de la “crisis política” se consideraba exitoso, por una serie de razones, donde ningún gurú liberal u ortodoxo pudo prever la dimensión en extensión y profundidad de la protesta social; todo ello pone en cuestión la capacidad de predicción en las ciencias sociales, que debe revisar los paradigmas, en especial el fundamentalismo liberal donde supuestamente el mercado libre lo resuelve todo.
Es más, la interrogante válida es lo que pueda pasar en el Perú, que al igual que Chile tiene una Constitución blindada para favorecer las políticas de libre mercado, promover las inversiones, y un modelo de acumulación del capital que favorece la concentración de los ingresos, auspiciando una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza.
No solamente hemos copiado acríticamente el sistema privado de pensiones (las AFP), que tuvo como inspirador al hermano mayor del presidente de Chile, Sebastián Piñera, un exitoso empresario que hizo fortuna con las privatizaciones del dictador Augusto Pinochet Ugarte, y que por sus declaraciones ante el conflicto social ha demostrado que no tiene estatura de estadista.
Este sistema privado de pensiones en nuestro país es una copia fiel, con los agravantes que las comisiones para las empresas que administran los fondos jubilatorios son más altos en el Perú en relación a nuestro vecino; es más, sean cuales fueren los resultados económicos incluso con pérdidas, las empresas administradoras, siguen percibiendo sus comisiones, es decir, tienen garantizada su rentabilidad, al margen de los resultados del mercado.
¿QUÉ PUEDE PASAR?
Al margen de las limitaciones de los indicadores económicos sociales para estimar el relativo bienestar de una sociedad, cabe interrogarse si tal malestar se puede reproducir en el Perú, en la medida que hemos tomado a préstamo un modelo económico que está haciendo agua, y que está siendo cuestionando en las calles.
En particular en mis visitas a Tacna siempre me llamó la atención los miles de visitantes del hermano país del sur que cada fin de semana prácticamente invadían la “Ciudad Heroica” en demanda de diversos servicios de salud, en especial dentales y oculares, sumado a ello la compra de medicamentos que tienen precios prohibitivos en Chile.
Es más, el denominado hospital de la Solidaridad en Tacna en la práctica es tomado por cientos de chilenos y chilenas que demandan servicios de salud, que resultan muy caros en el país vecino.
Ello de por si plantea problemas sociales que el libre mercado no resuelve, pues la salud en el neoliberalismo es considerada una mercancía, donde el paciente se transforma en cliente y usuario, y donde el objetivo de las clínicas y hospitales privados es la rentabilidad, pero no el bienestar humano. Donde una enfermedad terminal descapitaliza a una familia.
En verdad, tenemos que asumir con humildad las lecciones que nos está dando el pueblo chileno en las calles, donde los jóvenes constituyen una vanguardia que protesta contra un modelo educativo que privatiza la educación, con un endeudamiento en la universidad pública que se convierte en una cadena para los profesionales jóvenes con los bancos privados. Igualmente, el drama de los pensionistas que no pueden solventar las tarifas privadas en los servicios públicos como el agua y la energía. Ello también acontece en nuestro país.
En realidad, en el Perú asumimos una serie de distorsiones y la esencia de una política económica liberal en crisis que demanda una mayor presencia del estado peruano en la salud, educación y seguridad ciudadana, con una mayor participación en la riqueza creada.
Sin embargo, en nuestro país a diferencia de Chile la informalidad en el mundo de trabajo, donde 70 de cada 100 trabajadores, se las tiene que buscar para poder sobrevivir y resolver los problemas económicos, resulta una diferencia esencial que no permite una protesta global frente a un modelo, que en el país vecino ha demostrado una dramática precariedad pues ha profundizado la desigualdad económica y social.
En todo caso en nuestro país las protestas sociales son regionales o focalizadas por conflictos socio ambientales como Las Bambas y las comunidades campesinas del entorno, o en valle del Tambo y el proyecto cuprífero de Tía María. No tienen un carácter masivo, ni un eje aglutinador en términos políticos.
Lo cierto y evidente es que en las últimas elecciones desde el 2001 para adelante en la realidad la votación popular ha cuestionado la aplicación de políticas liberales, como los principios de la Constitución del 1993, pero los gobernantes ungidos por el voto popular en especial Alan García Pérez y Ollanta Humala se allanaron al sentido común de las políticas de libre mercado, que al igual que Chile fomentan la desigualdad en la distribución de la riqueza.
De allí la importancia en el Perú de la lucha contra la corrupción en especial por la profundidad del caso Odebrecht, como el cierre del Congreso de la República más el adelanto de elecciones en el primer trimestre del 2020, que tienen el efecto de calmantes de la ira popular, al margen que la crisis política no afecta dramáticamente el crecimiento económico.
