La última intervención del gobernador Elmer Cáceres Llica para aplacar los ánimos de los pobladores de La Joya Antigua y Nueva que bloquearon la Carretera Panamericana, fue desastrosa. No sólo estaban furiosos por el deficiente funcionamiento de la planta de agua potable que inauguró recientemente el Gobierno Regional de Arequipa, sino que tuvieron que soportar las respuestas sin sentido del gobernador a sus demandas, pues según dirigentes de la Federación de organizaciones sociales de La Joya, se encontraba en estado de ebriedad. Lamentablemente, este no es un caso aislado del comportamiento errático del Gobernador de Arequipa. En su primer año de gobierno inauguró obras sin culminar, como la Variante de Uchumayo; cambió constantemente a los gerentes regionales evidenciando la falta de respaldo de un equipo profesional para asumir las riendas de su gobierno; contrató personas poco confiables como asesores de su despacho, es el caso del ex Contralor Edgar Alarcón —sospechoso de diferentes actos de corrupción— quien hace pocos días acaba de presentar su carta de renuncia al cargo que venía desempeñando; le es muy complicado argumentar sus propuestas, por lo que omite participar públicamente en espacios interesantes de interlocución como Perumin o ser entrevistado por la prensa local; y está en permanente enfrentamiento con el presidente Martín Vizcarra.
A ello se suma que no hay certeza sobre la resolución de proyectos emblemáticos para la región como la carretera Autopista La Joya y el proyecto Majes Siguas II. Quizá, el único mérito de su gestión hasta el momento, haya sido su articulación a la Mancomunidad Macrorregional del Sur, creada para emprender proyectos en común hacia adelante.
Está por culminar su primer año de mandato y aun no tenemos norte, la aprobación de su gestión ha descendido considerablemente, ya en junio pasado una encuesta del grupo Idessia arrojaba solo 14% de aprobación, y tras los actos violentos de protesta por Tía María, ha sido acusado incluso de azuzador; de allí que un exalcalde se haya animado a impulsar un proceso de revocatoria.
Por otro lado, en Puno también se percibe un descontento generalizado. Tras la encarcelación del gobernador Walter Aduviri, el sillón regional quedó encargado al vicepresidente Agustín Luque Chayña, que ha mostrado un comportamiento timorato para confrontar problemas que mantienen a la población en tensa calma como la contaminación ambiental en Azangaro, Melgar y Puno o el problema limítrofe con Moquegua.
Con la reciente renuncia del presidente Evo Morales, también quedarían en stand by las negociaciones que se venían realizando con el país altiplánico para la importación de gas boliviano a Puno, uno de las propuestas que más popularidad le dio a la gestión de Aduviri, de la cual Luque Chayña también es parte.
Así las cosas, el sur muestra un sombrío panorama que se añade a las consecuencias de la crisis política en el país que afecta también el desempeño de la economía, que va mostrando una importante disminución en el ritmo de crecimiento de años previos y, por tanto, incrementos en el desempleo, la violencia social y el deterioro en los ingresos.
Se suma a lo expuesto la inacción del Gobierno Nacional frente a situaciones como las generadas en Tía María y otros escenarios complicados en el sur, como aquellos que tenemos en Apurímac, Cusco y Madre de Dios, prontos a estallar si no son tratados adecuadamente. El desgobierno y el descontento constituyen una mezcla explosiva en los procesos sociales y políticos. Estamos advertidos.
desco Opina - Regional / 15 de noviembre de 2019
Programa Regional Sur - descosur
