Los resultados de la encuesta más reciente, como era previsible, registran una significativa caída en la aprobación presidencial. Diecinueve puntos, para situarse en 60%, mientras el gobierno retrocede 3 puntos a 40% y el Presidente del Consejo de Ministros baja 13 puntos, a 30%. Previsible decimos, porque la aprobación del mes anterior registra el momento más importante de lo que va del gobierno de Martín Vizcarra. La disolución constitucional del Congreso de la República en octubre pasado marcó el punto culminante de su relación con la gente, que la demandaba mayoritariamente. A partir de entonces, el descenso de su popularidad, mayor o menor, será un lugar común. Sus dificultades para hacer política y gestionar el país, continuarán sin duda. La renuncia de la exministra de Salud, tanto como las desafortunadas declaraciones del inefable ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el “club de la construcción”, son apenas los síntomas más recientes de un Ejecutivo que carece de ideas y de la fuerza necesaria para hacer realidad la limitada agenda de reformas que le permitió conectar con la opinión pública. Su negocio desde este momento, hasta el término de su mandato, será mantener su nivel de flotación.
En este contexto, la inscripción de las 22 listas y las decisiones recientes del JNE evidencian que las elecciones de enero no se darán en condiciones aceptables ni despertarán interés mayor en la ciudadanía. Las mismas viejas normas que nos llevaron a la anterior representación, los partidos franquicia y los muertos con historial y prontuario que no quieren terminar de morir o pretenden resucitar, son parte de un escenario poco atractivo. La aprobación de la reelección, establecida por el JNE con el argumento de las elecciones complementarias, anuncia que ni siquiera tendremos el consuelo de la valla electoral, sacando de carrera para el 2021 a algunas de las combis en competencia.
La decisión del Jurado Especial Electoral de Lima Centro 1, que ha iniciado un proceso al Primer Ministro y a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por supuesta violación del principio de neutralidad que los funcionarios deben tener en una elección, por exhortar al electorado a votar con información y responsabilidad, debe llamar nuestra atención. Máxime cuando alguno de los más altos funcionarios de ese poder del Estado, aparece en diversos audios de “los cuellos blancos”.
A esos «ruidos», más importante aún, se añadieron en las últimas horas las explosivas declaraciones de Dionisio Romero, mandamás del Banco de Crédito, aceptando un aporte de más de tres millones de dólares entregados el 2011 a Keiko Fujimori para “que el chavismo no tomara el control del país”. Que un banquero use los dineros de su empresa para apoyar a una política, que lo haga en efectivo y bajo la mesa para que nadie se entere y, finalmente, que decida hacerlo público ocho años después cuando se siente apremiado por el Ministerio Público, sorprende tanto como el descenso de la aprobación presidencial. Quien lo hereda, no lo hurta; recordemos que el padre del directivo del BCP fue protagonista estrella de uno de los videos más populares de Vladimiro Montesinos.
Más allá de si se trata de un presunto delito de lavado de activos o de una «simple» falta administrativa, como sostienen distintos abogados preocupados por el futuro de Keiko Fujimori, lo que es evidente es que seguiremos asistiendo a temblores de distinta intensidad que continuarán afectando a nuestros principales grupos empresariales como parte de las disputas y pugnas por la corrupción. Ello, porque es evidente que la pregunta sobre dónde se origina la corrupción, adquiere renovada vigencia en el país.
desco Opina / 22 de noviembre de 2019
