El Gobierno Nacional le dio un ultimátum a la gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, para la elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto Majes Siguas II, referidos a una adenda que plantea un cambio tecnológico que permita su reactivación. El 17 de enero es el plazo límite para presentar estos documentos. De no tenerlos en fecha, el proyecto pasaría a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
Majes Siguas II es el proyecto más emblemático de la región, comprende un sistema hidráulico que permitirá la ampliación de la frontera agrícola a 38 500 hectáreas y la construcción de centrales hidroeléctricas (Lluta y Lluclla) que se calcula producirán 426 megavatios (MW). Se encuentra paralizado desde diciembre de 2017 por la falta de resolución del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre una nueva adenda al contrato planteada por la empresa a cargo de su ejecución, que incrementaría su presupuesto en 104 millones de dólares, de los 550 millones que costaba inicialmente el proyecto. A esto hay que añadirle que recientemente, se conoció que el estudio de impacto ambiental del proyecto vence el próximo mayo, y hasta el momento no cuenta con todos los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que exige un proyecto de tal envergadura.
Durante su primer año de gestión, Cáceres Llica tuvo opiniones vacilantes respecto a la resolución de la adenda, hito para la continuación del proyecto. Al inicio de 2019 aseguró que no la firmaría y a mitad del mismo año dijo que sí, pero con modificaciones al contrato, proponiendo que el Gobierno Regional se encargue de la venta de los terrenos y no Proinversion, como está previsto. Este aspecto del proyecto siempre estuvo en discusión, pues la parcelación de los terrenos en pequeñas hectáreas (hasta 20) –como desea la actual gestión regional– podría hacer accesible el proyecto a varios compradores, pero no sería rentable para la recuperación de la inversión, según el esquema financiero en el que fue planteado. Es cuestionable que durante el año que pasó, la gestión de Cáceres Llica no se preocupara por presentar ninguna propuesta técnica para viabilizar esta promesa de campaña que contrarreste el acuerdo (en el Contrato) con Proinversion, de vender como mínimo 200 hectáreas por comprador.
Cumplido el plazo, el Gobierno Nacional tendrá que mover con cuidado sus fichas, pues esta controversia podría ser el Waterloo de la gestión de Cáceres Llica y anticipar la culminación de su gobierno, como muchos sectores anhelan. O podría ser una ola que levante sus alicaídos bonos políticos, muy venidos a menos después de un año de trabajo reprobable. Podría jugar con el fantasma de la centralización a su favor, aunque el proyecto quede paralizado por dos años más y seguir sentado en el sillón regional, pese a la sensación de desgobierno percibida durante su primer año de gestión. Las marchas y contramarchas en este proyecto, que representa una alternativa importante para la dinamización económica de la región, son un síntoma claro de ello.
Finalmente, recién iniciado el 2020 ya Cáceres Llica retó al presidente Martín Vizcarra a batirse en un “takanakuy”, una tradición culturalmente violenta; además, ha sido filmado en una provincia de la costa arequipeña golpeando a una persona. Esto, sumado a sus desatinos durante el primer año de gestión, ha generado que en la capital de Arequipa se perciba una sensación permanente de malestar respecto al comportamiento político y personal del Gobernador. Pese a ello, no hay ninguna reacción social, ninguna marcha de protesta, tampoco hay una oposición política de peso en el seno del Consejo Regional que pueda promover algo más que un llamado de atención. Con Cáceres Llica, Arequipa está tan a la deriva como su proyecto más emblemático.
desco Opina - Regional / 10 de enero de 2020
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