Jans Cavero*
Estamos a 5 días de las elecciones congresales y a estas alturas no es usual que los jurados electorales especiales o el JNE excluyan candidaturas ilegales o irregulares. No obstante, considero indispensable que la población electoral se informe, y si conoce publicite los antecedentes, el perfil y la trayectoria de los candidatos que nos van a representar. Al fin y al cabo, se trata de un deber ciudadano y del ejercicio de un derecho amparado en la Constitución: Libertad de opinión y difusión del pensamiento.
Alianza para el Progreso (APP), desde mi punto de vista, es la organización política que se erige como el mayor vientre de alquiler del país. La familia Acuña es dueña del partido y tiene peso gravitante en la decisión de las candidaturas nacionales, regionales y locales. Para mantener la organización partidista cuenta con recursos económicos y logísticos, lo que posibilita desarrollar campañas y acciones de incidencia. De este modo, APP alberga en su seno liberales y conservadores, izquierdistas y derechistas, capaces e ineptos, jóvenes y viejos, militantes y oportunistas, experimentados e improvisados, ciudadanos bien intencionados y personajes con prontuario.
En cualquier caso, lo positivo de APP es haberle arrebatado al APRA el gobierno regional de La Libertad y la Municipalidad de Trujillo, entre otros bastiones del país hegemonizados por el partido de la estrella; lo negativo, en cambio, es haberle dado al país, en sus distintos niveles de gobierno, representantes políticos indeseables y bastante cuestionados, varios de los cuales tienen cuentas pendientes con la justicia. Los casos Donayre y Villanueva son 2 ejemplos a modo de ilustración.
Para las elecciones parlamentarias de este 26 de enero, APP tuvo un noble gesto para con Ayacucho: Postular en su lista, con el número 1, al Sr. Percy Rivas Ocejo, quien no tuvo ninguna vinculación partidaria con APP antes de la oficialización de su candidatura. Se trata de un invitado que desplazó al número 3 a un exgobernador regional con mayor trayectoria política (exgobernador, exregidor, exconsejero regional). ¿Cuál es el peso de Rivas en APP?, ¿César Acuña se pudo haber sentado con Rivas para definir su candidatura?, ¿quién está detrás de esta candidatura bastante sombría?
Personalmente pienso que Percy Rivas es improvisado en política partidaria, sin una adecuada formación política. Está vinculado indefectiblemente a Carlos Rúa, razón por la que si es elegido congresista, dudo de una real función fiscalizadora al Gobierno Regional de Ayacucho y a las autoridades municipales del Musuq Ñan. Al igual que Humberto Morales, José Urquizo, Celinda Palomino, Elizabeth León, por citar algunos ejemplos, será un pésimo representante de Ayacucho. A la luz de lo expuesto, considero que Rivas no es un ciudadano apto para ser parlamentario.
Ahora bien, más allá de su capacidad o aptitud como representante político, se ciernen sobre su candidatura dudas y sombras que corresponde ser transparentado por el propio Rivas. En primer lugar, llama la atención el incumplimiento de la Resolución 078-2018-JNE, sobre las prohibiciones en campaña electoral. Rivas habría hecho proselitismo político en espacios públicos prohibidos (municipalidad y colegio), por lo que amerita ser sancionado por el JEE previo proceso debido. Como ciudadano informado, ¿podría votar por un candidato que vulnera normas?, ¿no es coherente acaso darle el voto a un futuro legislador que violenta una norma electoral?
El video propalado en el programa dominical Agenda Wari demuestra un acto de proselitismo político en la IEP Libertadores.. Este hecho constituye una infracción, por lo que el JEE debería abrir, de oficio, un proceso sancionador. Las pruebas están ahí, sólo hace falta la determinación del órgano electoral para tomar cartas en el asunto. Si confirma la infracción, la multa que corresponde pagar oscila entre 30 y 100 UIT.
Lo más grave, sin embargo, es que Rivas no ha dicho nada sobre los procesos judiciales que estaría enfrentando por diversas conductas antijurídicas, según datos que están circulando en las redes sociales. Toda vez que no tenemos certeza sobre la veracidad o falsedad de dichos datos e informaciones que lo comprometen, corresponde al propio Rivas desmentirlos o confirmarlos. Ahora bien, si mantiene mutis, creo que por un tema de transparencia el Poder Judicial debería informar sobre la existencia de procesos en curso y dar cuenta sobre el estado situacional de los mismos.
Según los datos extraídos de las redes sociales, no se trataría de un expediente judicial sino de más de uno en los que estaría inmerso. Los casos se ventilarían en el 2.° Juzgado Penal Unipersonal, 3.° Juzgado de Investigación Preparatoria, Juzgado Penal Liquidador; y estarían asociados a los Expedientes 00060-2019-0-0501-JR-PE, 00060-2019-1-0501-JR-PE, 00060-2019-17-0501-JR-PE, 00359-2008-14-0501-JR-PE, 00060-2019-91-0501-JR-PE, 00060-2019-84-0501-JR-PE, 00060-2019-0-0501-JR-PE y 00359-2008-0-0501-JR-PE. Por cierto, ninguno de estos “supuestos” procesos fue declarado por Rivas en su hoja de vida, pues la ley obliga a declarar solo las sentencias condenatorias impuestas, consentidas o ejecutoriadas.
Sin embargo, uno de estos procesos tendría sentencia condenatoria impuesta, con libertad condicional, y si esto fuera confirmado, Rivas habría mentido en su hoja de vida, lo que a la postre hubiera supuesto su exclusión del proceso electoral si la información se difundía dentro de los plazos estipulados para el planteamiento de las tachas. ¿Este caso versará sobre la gestión de la Asociación Kuskanchiq con las personas con discapacidad, de la que Rivas era su coordinador regional entre el 2010 y 2012?
A estas alturas del partido no hay posibilidad para interponer tachas, pero sí se puede dar información a la ciudadanía para que defina su voto de la mejor manera. Si la información de los procesos judiciales es cierta, por ética y transparencia Rivas debería reconocerlo con hidalguía, pues un proceso jurisdiccional en curso no supone per se condena o culpabilidad, pero tampoco inocencia.
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