Si yo fuera Gobierno

 

Si yo fuera gobierno, con el consenso de las organizaciones sociales, políticas y demás actores, convocaría a un nuevo proceso constituyente. El modelo económico está agotado; la pandemia ha demostrado que el Estado no responde a las nuevas demandas ciudadanas ni a reivindicaciones complejas; la Constitución tiene casi 30 años de vigencia, y la crisis política amenaza seriamente la gobernabilidad del sistema político. Estas razones de fondo exigen un nuevo pacto social.

 

Las dos evidencias que ha mostrado la pandemia son: la precariedad de nuestro sistema de sanidad pública y la pérdida de más de 6 millones de empleo a nivel nacional. A ello pueden agregarse: la debilidad de nuestro sistema educativo, la brecha digital, la falta de acceso a tecnologías de información, el déficit de servicios públicos básicos, ausencia de una política de distribución de recursos, incapacidad de planificación estratégica y operativa, acentuación de la pobreza y desigualdad social.

 

Este diagnóstico preliminar no va a cambiar en las postrimerías del gobierno de Vizcarra ni para la asunción del nuevo gobierno en julio de 2021. En tal sentido, las organizaciones políticas que van a disputar las elecciones generales deben ser responsables a la hora de plantear sus programas de gobierno, tomando en cuenta que durante los próximos tres años se va a experimentar un periodo de recuperación económica, crecimiento macroeconómico y generación de puestos de trabajo.

 

Dentro de este contexto, me temo que la izquierda está en mejores condiciones de asumir un gobierno responsable, si asiste a un proceso unitario de todas las fuerzas progresistas y democráticas. La crítica al modelo económico y su vocación por políticas públicas de impacto como la salud y educación, lo dejan en mejores condiciones para encarar el problema y asumir el reto de lograr el desarrollo humano que cualquier democracia avanzada ostenta.

 

Sobre esta base, la izquierda debe sincerar también su Plan de Gobierno 2021–2025, pues el COVID-19 exige priorizar intervenciones públicas en determinados ámbitos de gestión. Los próximos 3 años no serán de normalidad sino de excepción, razón por la que la asignación presupuestal a ciertos sectores debe ser razonable, objetiva, con criterio técnico, medible, y generar los resultados esperados. 

 

Por lo tanto, un gobierno de izquierda debería enfocarse en la atención prioritaria de la salud, educación y generación de empleo. De manera transversal a estos sectores, la meta al 2025 debería ser la provisión de servicios públicos básicos (agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones) a no menos del 95% de la población que no tiene acceso a estos servicios. Sin agua potable, no puede haber un adecuado sistema de salud; sin acceso a tecnología, no puede argumentarse calidad educativa; sin salud y educación, no puede haber fuerza laboral sostenible.

 

Como eje central para priorizar estos sectores y los servicios básicos, urge retomar la batalla por una auténtica descentralización política. Desde el segundo gobierno de García diversas actuaciones gubernamentales se han recentralizado, siendo evidente las asimetrías fiscales que muestran los gobiernos regionales entre sí. La capacidad de gobierno de Arequipa, Lima, Cusco, La Libertad, no es la misma en comparación a Apurímac, Pasco, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco; como tampoco se asemeja la capacidad de recursos que por concepto de canon minero o gasífero perciben gobiernos como Cusco, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Arequipa.

En función a las consideraciones anteriormente expuestas, soy de la opinión que el nuevo gobierno priorice la atención preferente a las regiones y zonas más postergadas del país, con la finalidad de reducir significativamente las brechas existentes. La descentralización fiscal quedó en el olvido, el tema de incentivos para la conformación de macro regiones es un asunto del pasado, la dotación de un nuevo marco tributario para las regiones es una tarea pendiente; y la transferencia de programas y proyectos de desarrollo aguarda el sueño de los justos.

 

Es cierto que hay otros sectores como el agro, la vivienda, seguridad social, que no se pueden soslayar. No obstante, no es menos cierto que estas intervenciones sólo serán eficaces y reales si las administraciones públicas están preparadas para su gestión. Desafortunadamente, nuestra burocracia no está debidamente profesionalizada, no hay un adecuado cuerpo de directivos públicos, las normas y los procesos siguen siendo inflexibles, las decisiones políticas no están alineadas a criterios técnicos. 

 

Con este perfil, poco se va a avanzar, pues gestionar el agro, la salud, la educación, los servicios públicos, requiere mentes innovadoras, capacidad de gestión, liderazgo político, resultados medibles objetivamente. Si es necesario incorporar herramientas gerencialistas para optimizar la gestión hay que adaptarlas creativamente porque el sector público dista de ser una empresa o corporación, y el ciudadano no es un cliente, sino precisamente un ciudadano a quien su administración debe proveer bienes o prestar servicios para satisfacer el bienestar colectivo.