Si alguien cree que luego del fallido intento de vacar al presidente Martín Vizcarra (algunos hablan de conspiración) el juego ha terminado, se equivoca. Digamos que hemos visto las dos terceras partes de una pelea pactada a quince asaltos. Estamos ante una pelea donde lo más probable es que ninguno gane; una pelea entre estos «adversarios» cuyas características principales no son solo su falta de «profesionalismo», sino también su visible mediocridad. Faltan apenas dos meses para iniciar la carrera electoral y unos siete meses para que se realicen las elecciones generales lo que, seguramente, mantendrá a los partidos ocupados tanto para ganar votos como para resolver sus problemas internos y las candidaturas. Lo que importa ahora, sobre todo para el Presidente, es «sobrevivir» hasta julio próximo y así entregar a otro la banda presidencial; y en cuanto a los partidos del Congreso, su problema de ahora en adelante se llama votos, en medio de una contienda electoral que hasta el momento es impredecible, como lo es también el final de la pandemia del Coronavirus que hoy azota al Perú y al mundo.
En este contexto cabe preguntarse qué definirá de ahora en adelante la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando la posibilidad de la vacancia presidencial ha disminuido. Es decir, cuáles serán los futuros «escenarios de confrontación» los próximos meses entre ambos poderes; como los denomina Jonathan Castro, periodista autor de la nota en El Comercio:
El primero es la insistencia en la devolución de los aportes de la ONP. El viernes pasado, cuando estaba en debate la vacancia presidencial, el Ejecutivo observó la norma aprobada por el Congreso «sobre la devolución de aportes a la ONP hasta S/ 4300». Para el Ejecutivo esa norma es inconstitucional ya que implicaría un gasto del Estado de más 16 mil millones de soles. Si el Congreso insiste en aprobar esta ley y se niega a una salida negociada con el Ejecutivo, lo más probable es que se derive al Tribunal Constitucional (TC) –al igual que la ley de peajes– para que éste defina su constitucionalidad, lo que demorará varios meses con lo cual pasará a ser una bandera de varios partidos en las próximas elecciones.
El segundo es la ley de presupuesto. Ideas de un sector del Congreso como aumentar impuestos a los más ricos, eliminar privilegios tributarios a las grandes empresas, dar mayor apoyo económico a los medianos y pequeños empresarios (incluido el agro) e iniciar una estrategia que signifique la implantación del llamado «bono universal», serán parte del debate en el Legislativo que terminará antes de fin de año, pero que continuará en las próximas elecciones.
El tercero es la modificación de la inmunidad parlamentaria y de los altos funcionarios. En este punto, como señala Jonathan Castro, el problema es que, si bien el Congreso decidió eliminar la inmunidad parlamentaria por delitos comunes, no lo hizo por delitos de función. A ello se suma que se «suprimió el antejuicio de ministros» y que estableció «que el presidente puede ser acusado por delitos comunes contra la administración pública durante su mandato o con anterioridad». La fecha límite para aprobar este punto en segunda votación, es diciembre de este año.
El cuarto tema es la elección por este Congreso de seis de los siete miembros que conforman el Tribunal Constitucional. No hay que ser zahorí, como se dice, para concluir que este TC, el actual o el renovado, jugará un papel crucial respecto a las futuras controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Leyes como las de la ONP, la inmunidad de los parlamentarios y del Presidente, si se aprueban, así como otras que El Comercio llama «proyectos populistas en el terreno económico» como regular el cobro en entidades educativas en el marco de la emergencia o definir «el control previo de las operaciones de concentración empresarial», serán motivo de controversia. Por eso, no es extraño que mucho antes de que se produjera el debate sobre la vacancia presidencial, determinados sectores, tanto de derecha como progresistas, afirmaran que el actual Congreso no estaba en capacidad de elegir a los nuevos titulares del TC.
El quinto y último aspecto que también podría convertirse a futuro en un escenario de confrontación (y que no lo encontramos en los escenarios propuestos por El Comercio), es la investigación de los audios de Palacio. De un lado debe decidirse la creación de una comisión investigadora en el Congreso (esperamos multipartidaria) sobre los audios dados a conocer por el cuestionado congresista Edgar Alarcón, la asistente administrativa presidencial Karem Roca y por algunos medios de comunicación; por otro lado, estarán los resultados de la investigación que la propia Fiscalía viene haciendo sobre los mismos.
Si bien como se ha dicho al inicio es difícil que se vuelva a plantear la vacancia presidencial, debe quedar claro que el futuro político del Presidente, de las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, y hasta del propio país, resultan inciertos. Una guerra de desgaste entre ambos poderes también es un debilitamiento de las propias elecciones futuras como alternativa a la crisis política, económica y sanitaria. Es decir, unas elecciones donde lo único que imperará será la incertidumbre y la desconfianza de la política y de los políticos. La otra posibilidad sería un acuerdo, como el año 2000, en base a que lo más importante en estos meses es que haya elecciones transparentes e igualitarias, con reglas claras y autoridades electorales independientes y competentes; es decir, que sea el pueblo el que decida, finalmente, qué sector y qué partido nos debe gobernar y sacarnos de esta crisis.
desco Opina / 21 de setiembre de 2020
