Horacio Gago Prialé*Las nuevas Constituciones se convierten en deberes obligados para salir del fondo del pozo, reconstruir todo al finalizar una guerra o corregir desviaciones estructurales. La última vez que todos los peruanos (o casi todos) se pusieron de acuerdo en algo fue en la década de 1990 para derrotar al terrorismo y superar la hiperinflación. El país estaba en el fondo del pozo y para plasmar esas prioridades el Estado dio recursos, inteligencia y planificación a derrotar ambos enemigos. La constitución de 1993 fue hija de ese “momentum”.
Se terminó con el terrorismo senderista y transformó la macroeconomía. Las metas se alcanzaron pagando costos muy altos pero el resultado fue indiscutiblemente valioso. El país tuvo que crear fueros militares, un sistema de delación premiada y otro de inteligencia policial. Y en el lado económico tuvo que privatizarlo todo, hasta la educación y la salud, e imponer contratos leyes para atraer la inversión extranjera, además de suprimir la deuda externa, el déficit fiscal y dotar de autonomía absoluta al banco central. ¿Valió la pena? Sí. Con el tiempo el grado de inversión subió, la deuda se hizo manejable y las reservas se incrementaron. Aunque no de modo sostenido ni agregando valor como se esperaría, llegaron el crecimiento y la diversificación de la producción.
¿Qué reúne a los peruanos con la misma unidad en la década del 2020? Esa es la pregunta del siglo. Respondiéndola sabremos si es el momento correcto para buscar una nueva Constitución o solo plantear algunas reformas a la actual.
El “¡Merino no me representa!” podría tranquilamente equivaler a “Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra ¡ninguno me representa!”. Tampoco nadie del Congreso ni de los partidos (salvo los peruanos de la iglesia israelí a quienes el “pescadito” sí lo hace). Nos está tocando vivir una crisis de representación política generalizada.
Quiero creer que sí existe algo que une a los peruanos en este nuevo “momentum”. Se quiere y debe corregir desviaciones estructurales. Ese algo se llama rechazo a la corrupción del Estado, a su ausencia e ineficiencia. Los peruanos claman para que nadie más se llene los bolsillos con dinero público, que la burocracia no sea la privilegiada de siempre con 15 sueldos, becas a discreción, vales de alimentos y vacaciones en Miami. Están hartos de que el Estado no pueda imponer una educación o salud de calidad a los prestadores, ni subir impuestos a las corporaciones que se llevan el polimetal orondamente sin control alguno. Se encuentran cansados de que los agricultores no tengan a donde acudir para combatir las plagas del café o del cacao, y de una economía primaria sin valor añadido que se limita a ver cómo las empresas extranjeras cargan con la materia prima y la transforman en sus países.. Se hallan hastiados de que los posesionarios no obtengan títulos firmes de propiedad debidamente registrados. En suma, están hartos todos de que no haya Estado ahí donde es necesario.
Dotar de presencia de Estado donde éste no ha existido durante 27 años no es poca cosa, mucho más cuando la macroeconomía (reservas, control del déficit, manejo de la deuda y autonomía del Banco Central) debe seguirse respetando. El concreto armado de los nuevos cimientos va a ser muy distinto y por ello quiero creer que una nueva Constitución es necesaria.
Para lograr un Estado “que me represente”, defienda, dé tranquilidad y seguridad, es necesario intervenir en todos y cada uno de los aspectos de la Constitución: derechos individuales, derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, organización del Estado, financiamiento de los partidos, control de los partidos, contrapesos entre poderes, mayor eficiencia y controles sobre la regionalización, servicios públicos sin fines distintos que el bien común y un largo etecétera en cada capítulo constitucional. Desde eliminar la puerta giratoria y todos sus componentes: el voto preferencial, la inmunidad absoluta, desjudicializar la política, despolitizar el sistema judicial, hasta formalizar todas las pequeñas actividades extractivas y la creación de emporios o zonas francas urbanas, hay demasiado por cambiar. Quiero creer que el “momentum constitucional” llegó.
Sao Paulo, 26 de noviembre de 2020
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*Horacio Gago Prialé (autor de “Repensar la Propiedad” y doctor en derecho por la Universidad Comillas de España)
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